Redacción / Información nacional.
La doctora Patricia Rosa Linda Trujillo Mariel fue la primera mujer en ocupar el cargo de jefa de la División Científica de la Policía Federal (PF), pero al igual que otros ex funcionarios que desempeñaron puestos relevantes en la pasada administración, hoy enfrenta un proceso por la compra de un software espía.
El área que encabezó se encargaba del desarrollo tecnológico para cuestiones de seguridad y para atender temas en técnica forense, secuestro, crimen organizado y ciberdelincuencia. En abril de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador la designó como integrante de la Coordinación Operativa Interinstitucional de la Guardia Nacional (GN).
Sin embargo, en marzo de 2020, Rosa Linda solicitó licencia para separarse del cargo, ante los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por la compra a sobreprecio del software.
El 15 de julio del presente año, la magistrada federal Isabel Cristina Porras Odriozola consideró que hay indicios que hacen presumir que Trujillo Muriel es probable responsable del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, motivo por el cual confirmó la vinculación a proceso que fue dictada por un juez de control del Centro de Justicia Penal en el reclusorio Norte el 15 de julio de 2021.
Según la Fiscalía General de la República (FGR) como titular de la División Científica Rosa Linda contrató la adquisición de bienes con recursos públicos, al suscribir el contrato 1/2018, el 21 de junio de 2018, con la empresa Comercializadora Visual.
El contrato fue para adquirir el sistema denominado “solución integral de inteligencia, con monitoreo de redes sociales y de localización inteligente”, con cargo a la partida 33701, denominada “gastos de seguridad pública nacional”, por el monto de 499 millones 998 mil 840 pesos con 28 centavos.
El software era para recopilar información, correlacionar y procesar datos de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, además de que permite la localización en tiempo real de un teléfono móvil. De acuerdo con la ASF, la cual es la parte ofendida en este proceso, el software se podía conseguir en aproximadamente 20 millones de pesos, es decir, 480 millones de pesos menos.
La FGR estimó que la ex jefa actuó sin contar con facultades para suscribir contratos en representación de la Policía Federal, y sin haber justificado condiciones de urgencia, riesgo o confidencialidad para ello, y sin la investigación de mercado correspondiente para corroborar que el proveedor elegido cumplía con los requisitos legales respectivos que rigen las contrataciones públicas.
