En el marco del Día Mundial de la Justicia Social, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 2/2017, dirigida a los tres niveles de gobierno, por marginación, vulnerabilidad y pobreza de los jornaleros agrícolas del valle de San Quintín, tras la detención arbitraria de más de 200 personas en 2015.
La Comisión recibió escritos de queja los días 18, 19 y 24 de marzo de 2015, referentes a la detención arbitraria ocurrida el 17 de ese mismo mes y año por agentes de seguridad pública estatales, en agravio de más de 200 personas jornaleras agrícolas, entre las que se encontraban mujeres y aproximadamente 50 menores de 18 años, quienes habrían bloqueado la carretera Transpeninsular.
Los jornaleros bloquearon la vialidad en protesta por sus inadecuadas condiciones laborales y de seguridad social, ya que sus contratantes no les pagan un salario digno, ni horas extra, turnos dobles o triples que laboran; no los afilian al IMSS, ni les otorgan las prestaciones de ley, ni respetan los beneficios por gravidez.
De lo investigado, se evidenció el uso injustificado de balas de goma, bombas de humo, así como lesiones a personas y daños en viviendas por la carencia de una efectiva supervisión de la actuación de los elementos de seguridad y la falta de aplicación de protocolos conforme a los estándares de uso de la fuerza, así como de dispositivos no letales.
La Recomendación está dirigida al gobernador de Baja California, Francisco Arturo Vega de Lamadrid; al presidente municipal de Ensenada, Marco Antonio Novelo Osuna; a los Secretarios de Desarrollo Social (SEDESOL), Luis Enrique Miranda Nava; del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete Prida; de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer; y al Director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Arriola Peñalosa.
La Comisión Nacional recomendó al gobernador de Baja California presentar la iniciativa de ley pertinente ante el Congreso local, para que se armonice la normatividad estatal en materia de atención a víctimas con la Ley General de Víctimas; elaborar un diagnóstico de la situación socioeconómica y laboral de los jornaleros en la entidad; así como instruir a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que incremente las inspecciones anuales.
Además, se solicitó a dicho funcionario colaborar con la CNDH en la denuncia de hechos que formule ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, por las conductas imputables a los servidores públicos de las instancias de seguridad pública involucrados en las detenciones arbitrarias y afectaciones a la integridad personal.
Al presidente municipal de Ensenada y al gobernador de dicha entidad federativa se les pidió brindar atención médica y psicológica a las víctimas, y ordenar la inscripción de los afectados en el Registro Nacional de Víctimas y proporcionarles asistencia y asesoría para que accedan al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
Con información de Aristegui Noticias
