En un nuevo revés para la Fiscalía General de la República (FGR) de México, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal ha confirmado el desechamiento de pruebas bancarias clave en el caso del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, relacionadas con presuntos sobornos recibidos de la constructora brasileña Odebrecht.
Estas pruebas bancarias, consideradas fundamentales por la FGR, pretendían demostrar los presuntos sobornos por un total de 10.5 millones de dólares que Lozoya Austin habría recibido de Odebrecht durante su gestión en Pemex.
El desechamiento de las pruebas bancarias se dio como resultado de un recurso de apelación presentado por la FGR contra la decisión del juez de control Gerardo Alarcón López, quien previamente había excluido los comprobantes financieros de bancos suizos y las transferencias de recursos a empresas offshore presentadas por la FGR como prueba de los sobornos.
El argumento del juez Alarcón López para excluir estas pruebas fue que habían sido obtenidas de manera ilegal por el Ministerio Público y que se había violado el secreto bancario. Por consiguiente, consideró que no podían ser admitidas como medio de prueba en el caso.
El Tribunal Colegiado de Apelación, al resolver el recurso de apelación, decidió modificar la decisión de Alarcón López únicamente para admitir como medio de prueba la información relacionada con el procedimiento judicial iniciado en Nueva York contra Odebrecht, dejando fuera las pruebas bancarias.
Esta decisión del Tribunal Colegiado de Apelación amplía la dificultad de la FGR para sustentar su caso contra Lozoya Austin y obtener las pruebas necesarias para demostrar los supuestos sobornos.
Además, la exclusión de las pruebas bancarias también plantea interrogantes sobre la forma en que la FGR ha obtenido y manejado las pruebas en este caso. La FGR ha enfrentado críticas en el pasado por presuntas irregularidades en su manejo de pruebas, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre la confiabilidad de su trabajo y la efectividad de su lucha contra la corrupción.
Ante esta situación, la FGR, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Pemex tienen la opción de impugnar la decisión del Tribunal Colegiado de Apelación a través de un amparo. Sin embargo, este nuevo obstáculo en la obtención de pruebas sólidas podría dilatar aún más el proceso judicial y poner en riesgo la efectividad de la justicia en este caso.
