Redacción / Ciudad de México.
El caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa fue considerado un “crimen de Estado”, en el que participaron funcionarios de los tres niveles de gobierno y el Ejército, entre ellos, el Coronel José Rodríguez, quien mandó asesinar a 6 de los 43 normalistas, de acuerdo con el informe que dio la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (COVAJ), que encabeza Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos.
A un mes de que se cumplan 8 años de la desaparición de los 43 estudiantes, ocurrida el 26 de septiembre de 2014, el subsecretario puso de manifiesto que no hay indicios de que los estudiantes sean encontrados con vida, y reveló argumentos que contradicen la llamada “verdad histórica”.
Informe presentado por COVAJ
Explicó que la investigación es resultado de un proceso de análisis técnico y científico en el que participaron un comité científico asesor y un grupo interdisciplinario, conformado por personas de distintas instituciones públicas “convencidas de que la ciencia y la tecnología deben estar al servicio de la verdad”.
Encinas Rodríguez precisó que la investigación continúa en marcha y que aún no esclarece el destino de los estudiantes, pero presenta una reconstrucción “minuto a minuto” de lo que ocurrió entre las diez de la noche del 26 de septiembre y las seis de la mañana del 27, desde que los estudiantes salieron de la escuela normalista de Ayotzinapa hasta su desaparición.
Diferencias en las versiones
El titular de la COVAJ recalcó una serie de razones presentadas en el más reciente informe, de por qué es falsa la llamada “Verdad Histórica”; esto, al asegurar que existe “una diferencia sustancial y de fondo” con la narrativa elaborada durante la administración pasada de Enrique Peña Nieto.
“Hemos podido determinar la forma en la que se articuló el grupo delictivo de Guerreros Unidos con autoridades de distintos órdenes del Gobierno. Hemos acreditado cómo, en todo momento, las autoridades hicieron el seguimiento de las acciones de los estudiantes, quienes eran monitoreados desde días previos por las movilizaciones que se iban a realizar el 2 de octubre en Ciudad de México, y cómo estuvieron al tanto de su salida de la escuela normal, su llegada a Iguala y de los hechos que precedieron a la desaparición”, expresó.
“La verdad histórica se sustenta en que los estudiantes acudieron a Iguala a boicotear el informe de la presidenta del DIF (Sistema de Desarrollo Integral para la Familia) en ese municipio, lo cual es falso, porque la misión de los estudiantes, el objetivo, era tomar camiones”, aseveró.
Además de que existen inconsistencias en el traslado de los estudiantes tras ser detenidos por la Policía Municipal y dónde fueron llevados posteriormente; así como el lugar en el que hallaron los restos, tres de ellos en las inmediaciones del basurero de Cocula, donde aseguraban que los incineraron y que estaban los restos.
Coronel ordenó asesinar a 6 normalistas
El subsecretario de Derechos Humanos apunta a la implicación del Coronel José Rodríguez, comandante del 27 Batallón de Infantería en Iguala, en el ataque, ya que fue él quien ordenó asesinar a seis de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
“Se presume que seis de los estudiantes estuvieron con vida hasta cuatro días después de los hechos. Y que fueron ultimados y desaparecidos por órdenes del coronel, presuntamente el Coronel José Rodríguez”, reveló Encinas en su informe.
Tras los hechos ocurridos, el Coronel fue ascendido a General durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018); no es la primera vez que su nombre aparece vinculado al grupo criminal que perpetró el ataque, Guerreros Unidos.
Murillo Karam permanecerá en la cárcel
Después de la audiencia del pasado miércoles, que duró 12 horas, el juez vinculó a proceso al ex procurador Jesús Murillo Karam por desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia, tras las investigaciones por el caso Ayotzinapa; por ello, permanecerá en el Reclusorio Norte.
La FGR acusa a Murillo Karam, hasta el momento el ex funcionario de mayor rango procesado por el caso Ayotzinapa, de permitir y evitar denunciar la tortura que infringieron sus subordinados a cuatro detenidos por el caso, además de que impuso una línea de investigación parcialmente falsa, la llamada “verdad histórica”, que impidió seguir buscando a los 43 estudiantes desaparecidos y manipuló una de las presuntas escenas del crimen, el paraje del río San Juan, donde fueron hallados los restos de uno de los 43, Alexander Mora, en condiciones muy extrañas.
“La Fiscalía sostiene que siguieron dos líneas de investigación paralelas, una sobre lo que realmente ocurrió y otra para fraguar la verdad histórica”. Sostuvo, además, que era ilógico que Murillo Karam, como procurador, no estuviera enterado de la tortura, de la manipulación de las pruebas y la escena del crimen.
Asimismo, la Fiscalía tiene en la mira a varios agentes de las fuerzas armadas, uno de ellos, el ex comandante Alejandro Saavedra Hernández, quien se desempeñaba en aquel entonces como Comandante de la 35 Zona Militar de la IX Región, con sede en Chilpancingo.
Según se informó, el entonces Comandante Alejandro Saavedra estuvo al tanto de todos los hechos ocurridos durante la noche del 26 de septiembre de 2014, pues tenía acceso en tiempo real a las comunicaciones de inteligencia del C-4 que investigaba la situación.
Tras la presentación del documento, un juez ordenó la detención de 20 “mandos militares y personal de tropa” y la captura de 44 policías, 14 presuntos delincuentes, integrantes de Guerreros Unidos, y cinco “autoridades administrativas y judiciales” del estado de Guerrero.
