· En el Senado se aprobó esta reforma a la Ley
· No se trata de buscar impunidad para los deudores o quienes no cubren sus compromisos, sino que la cobranza se realice de manera ordenada y que se haga de manera decente
Redacción Ciudad de México.
El pleno del Senado aprobó castigar hasta con 6 años de cárcel a quienes utilicen la violencia y la intimidación para el cobro de deudas, así como actitudes intimidatorias o amenazantes. La sanción se duplica y llega a los 12 años, si quien amenaza a deudores, suplanta además a autoridades judiciales o utiliza documentación y sellos falsos. Para ellos se hicieron cambios el artículo 284 bis del Código Penal Federal fueron avalados por 78 votos a favor y se turnaron al ejecutivo federal para su promulgación.
Ante el pleno, el senador del PRI, Jesús Casillas se congratuló por el hecho de que cinco años después de impulsar esta reforma encaminada a regular la cobranza extrajudicial ilegal, finalmente se haya aprobado.
Recordó que hay 50 millones de mexicanos con algún crédito, a través de tarjeta bancaria, créditos hipotecarios, de automóviles, y el 10 por ciento de ellos, es decir, cinco millones de personas se encuentran en mora y pueden ser susceptibles a este tipo de acciones ilegales, abusivas, incorrectas y que hoy se van a castigar de manera muy ejemplar a través de esta modificación al Código Penal”.
Explicó que la reforma “establece sanciones, que van de tres a seis años de prisión a quien realice a través de la intimidación, a través de actitudes violentas, el rescatar algún pago a través de los adeudos.
El senador Casillas precisó que penalidad se duplica y llega hasta 12 años para quien realice este tipo de actividades de cobranza y, “como es común, se haga pasar como funcionario judicial.
Recordó, que “de forma común quienes se dedican a la cobranza de adeudos llegan a las viviendas a decir: ‘en dos días ejecutarán un embargo’, o dejar una notificación que aparenta ser de carácter judicial cuando no lo es”. Dijo que incluso, amenazan a los familiares de un deudor, de que está en posibilidades de ir a la cárcel, sin que ello sea cierto.
Aclaró que no se trata de buscar impunidad para los deudores o quienes no cubren sus compromisos, sino que la cobranza se realice de manera ordenada, “se haga de manera decente, además de poner freno a despachos o agencias prácticamente de coyotes, que atentan contra la dignidad de las personas y buscan sorprenderlas”.
