Abraham Onofre / Izúcar de Matamoros, Pue.
Una casa abandonada en Izúcar de Matamoros ha sido objeto de atención por parte de la Policía Municipal. Originalmente, en la vivienda vivía una señora de la tercera edad, quien falleció, dejando el inmueble vacío. La propiedad quedó a nombre de una de sus hijas, pero esta también falleció meses después debido a una enfermedad. Un último familiar, quien sufría de problemas de salud mental, quedó a cargo de la casa. Sin embargo, eventualmente se perdió rastro de esta persona; se desconoce su paradero y lo que ocurrió con ella.
Tras la partida de la última heredera, la casa quedó abandonada hace aproximadamente diez años. Durante ese tiempo, el inmueble permaneció desocupado, hasta que en años recientes comenzó a ser ocupado por indigentes, quienes decidieron vivir ahí. Al principio, los vecinos toleraron esta situación, pero en las últimas semanas comenzaron a reportarse actividades inusuales e inadecuadas en la propiedad, lo que llevó a la intervención de la policía.
Los vecinos señalaron que los ocupantes se drogaban a diario y, en una ocasión, rompieron los vidrios de un local aledaño. Ante esta situación, las autoridades municipales acudieron al lugar, desalojaron a los individuos y cambiaron la puerta para asegurar el inmueble.
Situación legal y medidas gubernamentales
Cuando una propiedad se encuentra en estado de abandono y el propietario no se hace responsable de ella —por ejemplo, al no pagar el impuesto predial durante muchos años—, el gobierno local tiene la facultad de tomar medidas. Estas pueden incluir declarar la propiedad como abandonada y, eventualmente, intervenir para garantizar que no se convierta en un riesgo para la comunidad o en un espacio para actividades ilegales.
No obstante, aunque los indigentes ocuparon esta propiedad sin permiso, es importante abordar su situación desde una perspectiva humanitaria. En muchos casos, las personas en situación de calle no cuentan con alternativas, por lo que el gobierno debería priorizar soluciones como la habilitación de albergues temporales o programas de apoyo social, antes de proceder con desalojos forzosos.
Por otro lado, si el gobierno planea apropiarse de la propiedad para fines propios, como su venta, es fundamental garantizar transparencia en el proceso y evitar cualquier sospecha de apropiación indebida.
Llamado a la autoridad
Se espera que el gobierno izucarense investigue la situación legal de esta propiedad para determinar si existen herederos legítimos. Según información extraoficial, no hay de qué preocuparse, ya que la casa se encuentra intestada. Esto significa que, al no haber un heredero identificado, el gobierno tiene la posibilidad de intervenir para resguardar el inmueble y evitar su uso indebido.
De cualquier forma, sería deseable que las autoridades consideraran convertir esta propiedad en un espacio comunitario digno, como un albergue para personas sin hogar. Esta solución podría abordar de manera integral tanto la problemática del inmueble como la situación de vulnerabilidad de los indigentes, beneficiando a toda la comunidad.
