Abraham Onofre / Nacional.
El cantante de corridos tumbados, Natanael Cano, se encuentra en el ojo del huracán tras ser vinculado a proceso por el presunto delito de cohecho. Los hechos que llevaron a esta situación se dieron el pasado 29 de marzo en Hermosillo, Sonora, cuando el artista fue captado sobornando a policías locales durante las celebraciones de su cumpleaños, en el marco del «Cano Fest». Según los informes, Cano habría ofrecido dinero a los agentes para que le permitieran realizar maniobras peligrosas con su camioneta sin consecuencias legales.
El incidente, que fue grabado y circulado ampliamente en redes sociales, desencadenó una rápida respuesta de la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Hermosillo, que declaró que no tolerará ningún acto de corrupción dentro de sus filas. Los oficiales involucrados en el soborno fueron inmediatamente puestos a disposición del Departamento de Asuntos Internos y la Contraloría Municipal para ser investigados y sancionados según corresponda.
El pasado lunes 19 de agosto, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) informó que Natanael Rubén Cano fue vinculado a proceso por un Juez, quien determinó que existen elementos suficientes para continuar con la investigación del caso. Como medida cautelar, Cano tiene prohibido salir del país sin autorización judicial y deberá firmar en un Juzgado de manera periódica.
El caso ha generado gran controversia en la opinión pública, no solo por la popularidad del cantante, sino también por las circunstancias en que se desarrollaron los hechos. Cano fue sorprendido conduciendo a exceso de velocidad un vehículo Dodge Charger sin placas, situación que desencadenó una persecución con la Policía Municipal. Durante la misma, Cano supuestamente ofreció dinero a los oficiales para evitar ser sancionado.
A pesar de contar con un amparo que le impide ser detenido, Natanael Cano deberá enfrentar las consecuencias legales de sus actos. La Fiscalía General de Justicia del Estado continúa con el proceso, buscando que se apliquen las sanciones correspondientes conforme a la ley. La situación de Cano plantea serios cuestionamientos sobre la influencia y la responsabilidad de figuras públicas en el respeto a las leyes y normativas.
