**¿Culminará el trienio con acusaciones y casos sin resolver?**
La administración municipal encabezada por Irene Olea Torres cumplió el pasado sábado 15 de abril, la mitad de su periodo, restándole solamente 545 días para preparar su entrega-recepción.
Esta administración, que inició contratando a personal despedido por actos de corrupción, ha estado manchada por nuevos casos, como el reglamento de construcción pretendido por la presidenta municipal, o los de nepotismo, donde se benefician con cargos por parentesco familiar; además, hay cuestionamientos sobre el destino de los más de 200 mil pesos mensuales de las multas de tránsito.
En la cuenta regresiva para el fin de su mandato, es importante que estos casos sean investigados y resueltos adecuadamente, para una entrega-recepción que satisfaga tantas expectativas generadas al inicio.
Mapa de privilegios revela corrupción municipal de Izúcar
Con el desvelamiento de un complejo mapa de corrupción municipal, se han dado a conocer el resultado de los privilegios de empleados de la alcaldía de Izúcar de Matamoros, quienes se han aprovechado de la situación para usufructuar recursos públicos.
En primer lugar, está el jefe de oficina Arturo Guerrero Guevara, sobrino de la edil y que se une a su pareja sentimental, la contralora municipal Maribel Matías, quienes juntos se embolsan 60 mil pesos cada mes. A esto hay que sumar al ex secretario de bienestar y actual rector de la UTIM, Javier Santiago Reyes, el cual le dio trabajo a sus primos, cobrando además 60 mil mensuales.
También se encuentra el secretario particular de la alcaldesa, Francisco Pichardo Gallardo, el cual colocó a su hermana en la perrera municipal con sueldo de más de 27 mil pesos. Esta red de embolso de dineros sin justificación y alegando relaciones familiares, ha desnudado la realidad de la administración municipal.
Izúcar cuestiona mal uso de recursos por parte de Irene Olea
Los ciudadanos de Izúcar están indignados y han cuestionado la austeridad que ha promovido el gobierno de Irene Olea Torres. Esta política se ha visto complicada, debido al derroche de recursos de los que han sido acusados los miembros del mismo, al gastar millones en luces, fiestas, desfiles y automóviles durante el año 2021.
También, se les imputa el presunto soborno a los medios de comunicación locales, para que así no se informara contra el Gobierno municipal. Por otra parte, la inflación de la nómina le costará un 37% más a los ciudadanos. Según reportes, el salario de la presidenta Irene Olea aumentó en un 10% sin el permiso del Cabildo, alcanzando un millón 200 mil pesos, sin contar los aguinaldos y viáticos.
Es por esta razón que los izucarenses han cuestionado la austeridad real, pues la presidenta se ha visto envuelta en una cantidad enorme de derroche.
La edil está bajo sospecha de opacidad y desarrollo nulo
La edil emanada de Morena, ha generado críticas de varios de sus propios regidores, quienes acusan a la munícipe de opacidad en el manejo de los recursos. Así fue como levantaron la voz sobre la falta de transparencia, sobre el desconocimiento de los beneficiarios de los apoyos otorgados y de los montos de los mismos, los cuales no eran informados debidamente mes a mes.
Además, varias comunidades han manifestado que, a 18 meses de su gobierno, no han visto ningún desarrollo, lo cual ha generado una disconformidad generalizada. Inclusive, la alcaldesa se ha negado a otorgar el 10% del recurso de las participaciones a las juntas auxiliares.
El municipio bajo una ola de inseguridad: el desprotegido grito de ayuda de sus ciudadanos
Después del terrible hecho que vivió la ciudad en el marco del 8 de marzo, donde reporteras fueron privadas de su libertad y agredidas física, verbal, sexual y psicológicamente, los ciudadanos de Izúcar de Matamoros están en un nivel de inseguridad máximo. La gran mayoría afirma que, en cualquier momento, pueden sufrir un asalto u otro tipo de violencia.
Desde hace algunos meses, la ciudadanía se siente desprotegida, debido a que dejó de invertirse en Seguridad; incluso, el Río Nexapa se convirtió en un depósito de cuerpos y extremidades.
El asedio, amenazas, censura y violentamiento que recibió la regidora María del Socorro Peña durante su respuesta al Primer Informe, demuestran que, a pesar de las promesas de campaña, las acciones no son las esperadas. Estas mismas acciones contribuyeron al conflicto que se vivió durante el desfile de los arcos en contra de los regidores insurgentes.
Los ciudadanos de Izúcar piden con urgencia un cambio en la Seguridad pública, y a ser un Gobierno de verdadera gobernabilidad para mejorar esta situación.
