Juan Rubio / Izúcar de Matamoros, Pue.
En una decisión controvertida, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) determinó que la alcaldesa de Izúcar de Matamoros, Irene Olea Torres, no fue víctima de violencia política de género por parte de integrantes del Cabildo y medios digitales. Esta resolución ha generado polémica y ha revocado las medidas cautelares y de protección otorgadas por el Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE).
La acusación de violencia política de género por parte de Irene Olea generó un amplio debate en la opinión pública. Sin embargo, en una sesión pública realizada el viernes 28 de junio, el Pleno del TEEP resolvió el asunto especial TEEP-AE-008/2024, en el cual se analizó la presunta infracción consistente en violencia política en razón de género en contra de las mujeres, de la que la alcaldesa se declaró víctima.
De acuerdo con el tribunal electoral, no se lograron acreditar los hechos ni el elemento de género que respaldaran la acusación de violencia política de género. Aunque se comprobó la existencia de una sesión de Cabildo el 8 de septiembre de 2022, no se demostraron las supuestas amenazas de las que Irene Olea alegó ser víctima.
En relación a las publicaciones en medios digitales, el TEEP determinó que estas estaban dentro del marco de la libertad de expresión y se orientaban hacia una crítica permisible a las acciones y labores de la alcaldesa. Además, no se encontró evidencia de una sistematización de actos que obstaculizaran su ejercicio como alcaldesa debido a su condición de mujer.
Esta decisión del TEEP ha generado diversas reacciones en la sociedad. Mientras algunos consideran que se ha hecho justicia y se ha demostrado la falta de fundamento en las acusaciones de violencia política de género, otros critican la resolución y argumentan que se ha ignorado la realidad de la violencia que enfrentan las mujeres en el ámbito político.
Cabe recordar que Irene Olea y policías municipales de Izúcar de Matamoros están señalados del delito de tortura en contra de las reporteras Natalie y Michelle Hoyos López, en el marco de una marcha del 8M ocurrida el 10 de marzo de 2023. Esta investigación está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR). Además, el 20 de junio de este año, Socorro Barrera Sánchez, testigo protegida de la FGR en el caso de tortura, fue asesinada en un ataque directo.
