Juan Manuel Vega / Información Internacional.
El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, decretó este martes la Ley Marcial de emergencia, argumentando la necesidad de proteger el “orden constitucional” frente a lo que calificó como “amenazas comunistas” y “actividades antiestatales” promovidas por el Partido Democrático (PD), principal fuerza de oposición. En un discurso televisado, Yoon acusó al PD de actuar como un bloque “pronorcoreano” que busca desestabilizar al país. La medida extraordinaria se produce tras una serie de enfrentamientos políticos que han paralizado la gestión del Ejecutivo y generado un clima de alta tensión en Seúl.
El anuncio de Yoon llega en un contexto de fuerte confrontación entre el Gobierno y la Asamblea Nacional, controlada por el PD. Recientemente, el Parlamento aprobó, sin el apoyo del partido gobernante, los presupuestos generales para 2025, introduciendo recortes que, según el presidente, socavan funciones esenciales del Estado, como la seguridad pública y la lucha contra el narcotráfico. Además, el PD impulsó mociones para destituir al fiscal general y al jefe de la Junta de Auditoría, lo que Yoon interpretó como un intento deliberado de bloquear el funcionamiento del Gobierno. “Corea del Sur corre el riesgo de convertirse en un paraíso para las drogas”, advirtió el mandatario.
La reacción en las calles no se hizo esperar. Miles de ciudadanos se congregaron frente a la Asamblea Nacional en Seúl para exigir la dimisión de Yoon y el fin de la Ley Marcial, mientras tropas del Ejército intentaban tomar el control del recinto legislativo. La situación se volvió más tensa cuando, en una sesión extraordinaria, el Parlamento votó con 190 votos a favor la revocación de la medida, lo que, según la Constitución surcoreana, obliga al presidente a retirarla. A pesar de esto, Yoon ha mantenido su postura, insistiendo en que la crisis actual “no tiene precedentes” en la historia del país.
El panorama político de Corea del Sur ha sido complicado para Yoon desde las elecciones legislativas de abril, en las que el PD obtuvo la mayoría. Desde entonces, la oposición ha iniciado al menos 22 procesos de destitución contra miembros del Gobierno, debilitando la capacidad de gobernar del presidente. A esto se suma una caída drástica en su popularidad: según una encuesta reciente de Gallup Korea, solo el 17 % de los surcoreanos aprueba su gestión, mientras que el 74 % expresa una opinión negativa. En contraste, el apoyo al Partido Democrático ha aumentado, alcanzando el 36 %.
Los escándalos en torno a la figura de la primera dama, Kim Keon-hee, también han impactado la imagen del presidente. Kim ha sido acusada de aceptar regalos de lujo a cambio de favores políticos, manipular acciones y entrometerse en las nominaciones de candidatos del Partido del Poder Popular para las elecciones de abril. Yoon se ha disculpado públicamente, atribuyendo las controversias a sus “deficiencias personales”. Sin embargo, las disculpas no han sido suficientes para frenar el descontento, que ahora se traduce en un llamado masivo a su renuncia mientras Corea del Sur enfrenta una de las crisis políticas más graves de su historia reciente.
