Redacción / Información Internacional
La mañana de este sábado 25 de enero, se dio a conocer que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que redefine la clasificación de género y tiene implicaciones directas en el trato hacia las personas transgénero en el sistema penitenciario federal.
La orden, firmada tras su regreso al cargo, exige que el gobierno federal defina el sexo exclusivamente como masculino o femenino, una medida que podría afectar documentos oficiales, como pasaportes, y a políticas clave, como las asignaciones en las prisiones federales.
Una de las principales disposiciones de la directiva establece que las mujeres transgénero deben ser reubicadas en cárceles de hombres, lo que afectaría a más de mil 500 reclusas transgénero en el sistema penitenciario federal.
La nueva política también pondría fin a la financiación pública para tratamientos médicos relacionados con la afirmación de género, como las cirugías de reasignación de género. Sin embargo, se dio a conocer de manera extraoficial que Sarah Warbelow, directora legal de Human Rights Campaign, señaló que las órdenes judiciales previas que garantizan el acceso a estos tratamientos seguirían en vigor.
Este cambio de normativa ha generado críticas y rechazos por parte de organizaciones defensoras de los derechos civiles. A pesar de ello, el gobierno federal aún no ha proporcionado detalles sobre cómo se implementarán los traslados ni el impacto de la nueva medida en los reclusos transgénero. Este ajuste ha reavivado el debate sobre los derechos de las personas transgénero en Estados Unidos, especialmente en lo que respecta al tratamiento en el sistema penitenciario y el acceso a atención médica adecuada.
