Redacción / Washington.
La Casa Blanca dio a conocer que el proyecto de presupuesto del presidente Donald Trump asigna 2 mil 600 millones de dólares para la «planificación, diseño y construcción» del controvertido muro en la frontera con México. Además, destina fondos de 314 millones de dólares para contratación y entrenamiento de 500 agentes fronterizos y mil agentes migratorios.
El muro, de acuerdo con el Departamento de Justicia, contará también con un equipo de 20 abogados para actuar en la obtención de tierras donde se realizará la construcción, y otro equipo de 20 abogados con sus respectivos auxiliares para ayuda en juicios migratorios.
Desde la campaña electoral del año pasado, Trump ha reiterado que México pagará por los costos del polémico muro, aunque las autoridades mexicanas ya descartaron cualquier posibilidad de que eso pueda ocurrir.
Los primeros estudios sobre el costo del muro que Trump desea construir indican que la cuenta será de por lo menos 15 mil millones de dólares, aunque podría llegar a más de 20 mil millones.
Referente al personal migratorio y fronterizo, de acuerdo a la Casa Blanca, ese personal tendrá la tarea de reforzar la «integridad del sistema migratorio» así como también «identificar y remover aquellos que ya están en Estados Unidos y han ingresado ilegalmente».
En el capítulo dedicado al Departamento de Seguridad Interna (DHS), el proyecto de presupuesto también asigna recursos adicionales por mil 500 millones de dólares con relación al presupuesto de 2017 para ampliar la capacidad de «detención, transporte y remoción de inmigrantes ilegales».
«Estos fondos asegurarán que el DHS tendrá la suficiente capacidad de detención (de personas) de contener a extranjeros considerados prioritarios, incluyendo criminales violentos y otros individuos peligrosos, que están en trámite de remoción», apunta el resumen del presupuesto, de 62 páginas, distribuido por la Casa Blanca.
En tanto, en el capítulo dedicado al Departamento de Justicia, se asigna un aumento de 80 millones de dólares a la contratación de 75 nuevos jueces de tribunales migratorios (elevando su número a 449), para determinar «más rápidamente los procedimientos de remoción» de extranjeros.
El proyecto determina el establecimiento de 60 nuevos fiscales migratorios en la zona de frontera.
