Redacción / Información internacional.
La Fiscalía General de Colombia arrestó el pasado sábado a Nicolás Petro, diputado de Barranquilla y primogénito del Presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, así como a su expareja Daysuris Vásquez por los delitos de lavado de activos e enriquecimiento ilícito.
El caso se remonta a marzo de este año cuando Daysuris Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, acusó a éste de haber recibido, entre otros, un millón de pesos colombianos (unos US$250.000) de carteles de la droga sin declararlo para financiar la campaña presidencial de su padre.
En una entrevista con la publicación Semana, Vásquez señaló también a Juan Fernando Petro, otro hermano del presidente, de recibir dinero de personas en prisión a cambio de beneficios judiciales. El presidente Gustavo Petro pidió a la Fiscalía que realizara una investigación al respecto, la cual concluyó con los arrestos de este sábado.
«Han sido capturados por la fiscalía mi hijo Nicolás y su ex esposa Days», escribió el mandatario en su cuenta de Twitter. «Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel; como presidente de la República aseguro que la fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley. A mi hijo le deseo suerte y fuerza. Que estos sucesos forjen su carácter y pueda reflexionar sobre sus propios errores».
Por su parte, Nicolás Petro y su tío han negado haber recibido dinero de los carteles.
Es la primera vez en Colombia que se procede con el arresto de uno de los hijos de un presidente de la República en funciones.
Ante esta situación, el presidente ha reiterado su compromiso de lograr la paz en Colombia, e incluso aseguró que no intervendrá ni presionará a la Fiscalía para que tome decisiones sobre el caso de su hijo.
En la actualidad, la Fiscalía también está investigando a otros miembros de la familia del mandatario.
Nicolás Petro es presidente de Colombia desde el 7 de agosto de 2023.
Con estos sucesos, se abre un nuevo capítulo en la vida política colombiana, en el que el gobierno dejará en claro que no se sancionará a personas que generen beneficios a sí mismas o a otros a cambio de sobornos.
