**94.8% de los delitos denunciados quedan impunes**
De acuerdo con un estudio realizado por México Evalúa que, en Puebla, una de cada tres detenciones ejecutadas por las autoridades como parte de los procesos de investigación de delitos son decretadas ilegales al ser estudiadas por los jueces de control.
En el ranking general que realiza organización México Evalúa en el informe Hallazgos. Seguimiento y Evaluación del Sistema de Justicia Penal en México, Puebla obtuvo un puntaje de 370 en una escala de 600, quedando en séptimo lugar a nivel nacional, en el estudio se reflejan algunas de las deficiencias en el sistema de justicia en la entidad.
A nivel nacional, una de cada cuatro detenciones es calificada como ilegal en el país y que ningún delito se esclarece realmente, sólo se repara el daño al 0.30% de las víctimas.
México Evalúa revela que el incremento de la prisión preventiva oficiosa es del 21% y de los procedimientos abreviados 16%, lo que vulnera el derecho a la verdad y a la reparación del daño para las víctimas.
“La desigualdad procesal permite la fabricación de culpables y niega la verdad para las víctimas. La Fiscalía no debe tener la última palabra en el sistema penal. Para México Evalúa es importante mostrar las áreas de oportunidad y apuntalarlas para mejorar la calidad de justicia”, subrayó Edna Jaime, directora general de México Evalúa.
Asimismo, se dio a conocer que el 94.8% de los casos denunciados quedan impunes. Este resultado es propio de un sistema que no cuenta con herramientas de priorización y ni capacidades suficientes: a nivel nacional, existen 11 fiscales, 9 peritos y 14 policías ministeriales por cada 100 mil habitantes, en promedio.
Por otra parte, aunque la impunidad en el país se mantiene en niveles altos, hay señales de avance: los resultados del Índice de Impunidad revelan que Zacatecas redujo la impunidad en 15.1%, Coahuila 6.6%; y Sinaloa 6%. Entretanto, en Baja California aumentó 19.6%, en Guanajuato 11.2% y en Baja California Sur 8.6%.
Este año, Hallazgos integra la base para una evaluación con enfoque de género a la operación y resultados del sistema penal. Los datos nos revelan que los derechos de las mujeres son menos respetados en las agencias del Ministerio Público.
Al rendir una declaración, las mujeres son presionadas para dar otra versión de los hechos en mayor medida que los hombres en esa misma situación. Asimismo, a las mujeres se les dan a leer sus derechos en menor proporción que a los hombres. Por otro lado, una de cada dos mujeres se encuentra privada de la libertad esperando una sentencia, y reciben penas mayores por los mismos delitos, en comparación con las de los hombres.
“Es muy importante discutir con profundidad problemas de desigualdad de género en el acceso a la justicia, la aplicación de la ley, los abusos que sufren las mujeres al interior de los centros penitenciarios y las medidas para la restitución de sus derechos. Con la incorporación de estos datos queremos visibilizar estas temáticas de forma transversal para entender los diferentes retos que hay en un SJP diseñado a partir de estereotipos, roles y prejuicios sociales”, mencionó Chrístel Rosales, investigadora senior del programa de Justicia en México Evalúa.
