Redacción / Información estatal.
El Congreso del Estado de Puebla ha designado este martes a Rosa Isela Sánchez Soya como la nueva titular de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del estado, para el periodo 2024-2029. La activista y abogada será la segunda mujer en ocupar este cargo de relevancia estatal, en reemplazo de Félix Cerezo Vélez, quien concluye su gestión al frente de la Comisión.
La elección de Sánchez Soya, que se realizó en una votación secreta durante la sesión ordinaria del Congreso local, resultó en 35 votos a favor, en contraste con los 0 votos que recibió su principal contendiente, el activista Marco Antonio Moreno Rosado. La diferencia fue tajante, pues mientras la mayoría de los legisladores manifestaron su apoyo a Sánchez, cuatro diputados se abstuvieron de emitir su voto, y otros sencillamente no respaldaron a Moreno Rosado.
Proceso transparente, según los legisladores
El diputado Roberto Zatarain Leal, presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso, defendió el proceso de selección al afirmar que este se realizó «con transparencia», y destacó que la renovación del titular de la CDH es una decisión que no depende de una sola persona, sino de todo el pueblo de Puebla. «Era fundamental que esta soberanía cumpliera con el deber de renovar la titularidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos», señaló Zatarain Leal.
Un cargo crucial en tiempos de tensión social
El nombramiento de Sánchez Soya se da en un momento particularmente relevante para los derechos humanos en Puebla y el país. En un contexto de creciente violencia, desplazamiento forzado y violaciones a los derechos de grupos vulnerables, la Comisión de Derechos Humanos juega un papel fundamental en la defensa de las libertades y garantías individuales de los poblanos.
La nueva titular de la CDH Puebla asumirá el cargo a partir de mañana, 7 de noviembre, y su periodo será hasta el 6 de noviembre de 2029. Durante su gestión, se espera que aborde temas cruciales como la protección de los derechos de las mujeres, la defensa de los pueblos indígenas y la lucha contra la impunidad en casos de violaciones a derechos humanos cometidas por autoridades locales.
