Con 82 votos a favor, 11 en contra y tres abstenciones, el Pleno del Senado ratificó a Guadalupe Espinoza Sauceda y a Larisa Ortiz Quintero como magistrados numerarios de Tribunal Superior Agrario, así como a Leonardo Rodarte Dávila como magistrado numerario del Tribunal Unitario Agrario.
Las y los senadores consideraron que cuentan con la capacidad técnica y profesional, y cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 12 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, para ejercer el cargo.
Posteriormente, la presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera Rivera, les tomó la protesta de ley correspondiente.
Guadalupe Espinoza Sauceda es licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de Occidente y cuenta con estudios de maestría y doctorado en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana.
Se desempeña como titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y como Secretario General en el Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas.
Larisa Ortiz Quintero es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México; maestra en Derecho Procesal Penal por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal; y cuenta con estudios de especialidad, maestría y doctorado en Ciencias Antropológicas, con especialidad en Derecho Indígena por la Universidad Autónoma Metropolitana.
Actualmente se desempeña como magistrada en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Además, se desempeñó como titular de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México y secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno de la Ciudad de México.
Leonardo Rodarte Dávila, en tanto, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Cuenta con estudios de maestría en Ciencias Jurídico Penales en la misma universidad y de doctorado en Derecho por la Barra Nacional de Abogados.
Se desempeñó como director General de Registro y Control Documental y como Director General de Asuntos Jurídicos, ambos en el Registro Agrario Nacional. Asimismo, fue secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Superior Agrario; director de Regularización de Predios en la Jefatura de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la entonces Secretaría de la Reforma Agraria, hoy Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
La presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, señaló que las personas candidatas cumplen con los requisitos de ley, lo que refrenda el compromiso del Estado mexicano de observar y hacer valer las garantías de seguridad y certidumbre jurídica en relación con la administración e impartición de justicia en materia agraria.
El presidente de la Comisión de Reforma Agraria, Ángel García Yáñez, aseguró que las personas propuestas reúnen los requisitos exigidos por la ley, pues se encuentran en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
La senadora del PVEM, María Graciela Gaitán Díaz expresó que los órganos jurisdiccionales agrarios permiten garantizar la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra ejidal y comunal, y salvaguardar los derechos de la población campesina, con acciones legales que den certeza al respeto de la legalidad y la paz social.
El senador de Morena, José Narro Céspedes, dijo que es necesario que los magistrados se comprometan con el tema agrario y resuelvan los enormes rezagos que hay en la materia, por lo que hizo un llamado a las y los senadores para que realicen los nombramientos pendientes, pues hay más de 10 vacantes de magistrados en los tribunales unitarios que necesitan ser nombrados, a fin de garantizar justicia al campo de México.
