Hipólito Contreras / Puebla, Pue.
La madrugada de este lunes, pobladores del municipio sureño de Jolalpan fueron desalojados del Congreso del Estado donde mantenían un plantón desde hace más de dos meses, de manera pacífica y no hubo detenidos.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) realizaron un operativo para desalojar a los pobladores que acusan al alcalde Antonio Javana García de enriquecimiento ilícito y de malversación de 48 millones de pesos.
El operativo no se llevó a cabo de forma violenta, aunque los habitantes de aquella población se trasladaron al Paseo Bravo, a la altura de El Gallito, para continuar con su exigencia al Congreso del Estado para destituir al presidente municipal.
Elementos policiacos mantienen un operativo alrededor del Palacio Legislativo, ubicado en la 5 Poniente para evitar que los inconformes vuelvan a regresar.
La historia
Como se recordará, desde hace aproximadamente dos meses, habitantes del municipio de Jolalpan se manifestaban a las afueras del Congreso del Estado para pedir la destitución del presidente municipal, Antonio Javana García, a quien acusan de incurrir en una serie de anomalías debido al uso del erario; además, desconoció la titularidad de seis regidores y del síndico municipal, quienes han sido desplazados por los suplentes.
Los rijosos acusan que el edil ha estado realizando sesiones de Cabildo sin que estas estén firmadas por los regidores, así como el enriquecimiento ilícito, por lo que piden la intervención del Congreso para que sea removido de su cargo.
Denuncian que desde hace más de un año la presidencia municipal, se encuentra cerrada y existe ingobernabilidad en el municipio.
“En el 2015, ejerció un presupuesto de 42 millones de pesos, que según él los justifica en obras pero ninguna se ha iniciado o terminado, gasta a manos llenas, está creando una palapa, con valor de más de un millón de pesos, gasta y en camionetas, anda trabajando con los suplentes y eso es un delito de usurpación de funciones”.
En este tenor, José Luis Rendón, asesor jurídico, explicó que las instalaciones de la presidencia municipal fueron tomadas desde hace una semana, debido a la inconformidad de los habitantes quienes han expresado que no hay una adecuada distribución de los recursos, pero también por parte de los cinco funcionarios prácticamente marginados.
