Redacción / Puebla, Pue.
Alejandro Armenta Mier, gobernador electo de Puebla, anunció su intención de implementar la castración química como castigo para las personas culpables de delitos sexuales en el estado. La estrategia, compartida en una conferencia de prensa, será una de las primeras acciones que Armenta planea poner en marcha en su administración para reforzar la seguridad y el bienestar de mujeres, niñas y niños en Puebla. Dicha propuesta podría reformar el Código Penal del estado y establecer un precedente en el país sobre la forma de sancionar este tipo de crímenes.
Armenta Mier, político del partido Morena, enfatizó que su administración se enfocará en implementar políticas de protección hacia los sectores vulnerables. “Voy a proponer desde Puebla la castración química contra los delincuentes sexuales”, declaró. La castración química, explicó, se llevaría a cabo mediante una inyección de medicamentos que inhiben el deseo sexual, en lugar de una intervención quirúrgica, lo cual permite que el proceso sea reversible.
La castración química consiste en el uso de fármacos antiandrogénicos para reducir las funciones hormonales que impulsan el deseo sexual en el cuerpo masculino. A diferencia de la castración quirúrgica, que implica una mutilación irreversible, la castración química actúa de manera temporal y, en caso de suspensión del tratamiento, permite que el organismo retome sus funciones hormonales normales. Armenta consideró que esta medida es una alternativa efectiva y humanitaria para sancionar a los agresores sin recurrir a métodos más drásticos.
El gobernador electo recordó que ya había promovido esta iniciativa cuando se desempeñaba como senador, con el apoyo de varios colectivos que respaldaron la idea de endurecer las penas para agresores sexuales. Según mencionó, madres y víctimas de estos delitos han expresado su respaldo a la propuesta, aunque también admitió que esta política ha sido objeto de debate por parte de organizaciones de derechos humanos, quienes argumentan que la castración química podría vulnerar los derechos de los delincuentes.
Armenta Mier subrayó que, a pesar de la controversia, está convencido de que la castración química es una sanción proporcional al daño que sufren las víctimas. “Lo que sufren nuestros hijos violados no tiene correspondencia con lo que representa la castración química; eso me dijeron, pero los expertos en derechos humanos argumentaron que estábamos violando los derechos humanos de los delincuentes. Entonces, eso es una dicotomía”, declaró.
