Un ciudadano promovió un juicio de amparo contra el Gobierno municipal de Izúcar de Matamoros, el Gobierno del Estado de Puebla e incluso contra el INAH, por llevar a cabo la obra de rehabilitación del “Eje Poniente” sin contar con los permisos correspondientes, ya que se encuentra en una zona arqueológica y el civil ha conseguido parar dicha acción.
El juicio de amparo fue promovido el 28 de agosto del año 2023 por el quejoso, quien reclamó la ilegalidad y corrupción de la obra de reconstrucción, argumentando que no contaban con los permisos necesarios a nivel federal, estatal y municipal. Además, debido a su ubicación en una zona de monumentos arqueológicos e históricos, se requería la autorización del INAH, la cual no había sido solicitada por el gobierno municipal o estatal.
El INAH realizó una inspección de la obra el 24 de octubre de 2023 y encontró material arqueológico, cerámico y cepas abiertas. En consecuencia, el Instituto emitió una orden de suspensión de la obra el 11 de diciembre de 2023, para salvaguardar el patrimonio arqueológico y evitar el saqueo. Sin embargo, la autoridad municipal hizo caso omiso a esta orden.
El inconforme solicitó la suspensión de las obras, debido al informe del INAH, ya que la obra continuaba en enero de 2024 por parte del gobierno estatal y municipal, sin respetar la suspensión impuesta por esta dependencia. El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa, del Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, concedió la suspensión el día 15 de enero de 2024, pero la presidenta municipal de Izúcar de Matamoros no acató el mandato y continuó con los trabajos.
El demandante interpuso un recurso de queja contra la suspensión parcial de las obras, argumentando que todas las acciones debían ser suspendidas debido a las irregularidades. El recurso de queja fue remitido al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, donde se resolvió declarar fundado el recurso de queja, para que la obra fuera suspendida en su totalidad.
Las autoridades municipales se negaron a suspender los trabajos de rehabilitación
Ante la negativa, se presentó un incidente de exceso y defecto en el cumplimiento de la suspensión, y se dio un plazo de 24 horas a las autoridades municipales para informar sobre la suspensión de la obra. No obstante, la alcaldesa de Izúcar de Matamoros, con la intención de continuar con las obras y sin importar la protección del patrimonio arqueológico, promovió diversos recursos de queja para levantar la suspensión.
Después de varios meses desde que el INAH ordenó la suspensión de la obra con el propósito de salvaguardar el patrimonio arqueológico y evitar el saqueo, finalmente la obra se encuentra detenida por efectos de la suspensión provisional y el apercibimiento a la presidenta municipal.
Solo bajo esta tesitura, la edil acató la suspensión y lo hizo saber al Juzgado de Distrito, reconociendo su incumplimiento anterior. La secretaria de infraestructura también informó al Juzgado de Distrito sobre la suspensión de las obras.
Es importante destacar que la munícipe no tramitó los permisos correspondientes ante las instancias federales, estatales y municipales, a pesar de ser la autoridad encargada de encabezar dicha obra. Hasta la fecha, no se han presentado los informes justificados ante la Autoridad Judicial por ninguno de los mandos responsables de la ejecución de la obra. Además, se ha advertido oficialmente por parte del INAH que el incumplimiento constituye un delito federal según la Ley de este Instituto.
Es relevante mencionar que la obra carece de guarniciones y banquetas, y permanece igual que antes de la supuesta “remodelación”, lo cual genera dudas sobre la utilidad de la infraestructura para mejorar la vialidad y proteger a los transeúntes. En resumen, las acciones municipales parecen reflejar un desorden y una práctica de “pasar” por encima de la ley, algo que también se ha observado en casos como el Tren Maya.
El juicio de amparo presentado por este ciudadano de Izúcar de Matamoros busca poner fin a esta situación y garantizar el cumplimiento de la ley en relación con las obras realizadas en zonas arqueológicas. El resultado de este juicio tendrá un impacto significativo en el respeto y preservación del patrimonio cultural de la región, así como en la rendición de cuentas por parte de las autoridades municipales y estatales.
