Said Asael / Izúcar de Matamoros, Pue.
El Centro de Justicia Penal Federal de Puebla será escenario el próximo 26 de marzo de la nueva fecha para la audiencia en la que funcionarios públicos de la administración de la alcaldesa Irene Olea Torres deberán comparecer ante el juez de control. Este caso se relaciona con las acusaciones de agresiones físicas y sexuales a dos periodistas y activistas de Izúcar de Matamoros.
La primera audiencia, programada para el 19 de febrero, no contó con la presencia de los imputados, quienes desatendieron el citatorio emitido por el juez federal. Posteriormente, el 27 de febrero se citó a otros funcionarios por cargos diferentes, pero nuevamente ninguno se presentó, e incluso una mujer policía solicitó un amparo para evitar su detención.
Ahora, el 26 de marzo será la nueva fecha en la que los funcionarios deberán rendir cuentas por este caso. Además, se ha revelado que más funcionarios de la administración 2021-2024 han buscado amparos para evitar ser detenidos.
El próximo domingo se cumplirá un año de un acto represivo en Izúcar de Matamoros contra el colectivo feminista Marea Púrpura, que resultó en la detención ilegal, tortura y abuso sexual contra las periodistas Natalie y Michelle Hoyos López. A pesar de los intentos del ayuntamiento de la edil morenista Irene Olea Torres por proyectar indiferencia frente a este incidente, los servidores públicos involucrados han comenzado a promover juicios de amparo para evitar órdenes de aprehensión en su contra.
El miedo ha permeado en el círculo de colaboradores de la alcaldesa Irene Olea, ante la existencia de una extensa carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) que incluye un fallo positivo del Protocolo de Estambul, demostrando que las hermanas Hoyos López fueron objeto de torturas en los separos de la Policía Municipal de Izúcar de Matamoros en marzo de 2023.
Además, se ha conocido que el expediente contiene evidencias que sugieren que Irene Olea estaba al tanto de la detención ilegal y violenta de las periodistas, del excesivo operativo policial contra ellas y otros activistas, así como de la incomunicación, amenazas y agresiones sexuales injustificadas, con el trivial argumento oficial de que las detenidas habían recibido ese trato por «ensuciar la ciudad».
El gobierno local de Izúcar de Matamoros ha trabajado para retrasar el juicio contra la alcaldesa Olea Torres y sus colaboradores, logrando la postergación de la primera audiencia hasta el 27 de marzo, y sin que se haya fijado aún la fecha exacta para la segunda audiencia.
