**El próximo 27 de febrero, habrá una nueva audiencia de imputación por otra carpeta de investigación**
Daniel Hernández / Puebla, Pue.
Pasaron 11 meses, pensaron que el proceso penal se quedaría archivado junto a otras denuncias por agresiones contra periodistas; el tiempo se les agotó y la federación judicializó las carpetas de investigación por la tortura contra de la reportera Natalie Hoyos y la fotógrafa Michelle Hoyos, la soberbia tiene en el estrado a 12 subordinados de la alcaldesa Irene Olea, que podrían pisar la prisión si deciden protegerla.
La justicia llamó a Abel Israel N., Víctor Manuel N., Alberto Jonathan N., José Abraham N., Mariela N., Yeralda Norali N., Luis Antonio N., Marco Antonio N. Santiago N., Jesús Gabriel N., Omar N. y Judith Andrea N., el juez Milton Moctezuma Vega les explicaría los delitos que les imputa la ministerio público especializado en delitos contra la libertad de expresión de la Fiscalía General de la República.
No llegaron, prefirieron alargar los tiempos, olvidaron que la primera vez que lo hicieron el proceso siguió su curso y ahora están a nada de entrar a prisión, oídos sordos a las graves acusaciones que pesan sobre sus cabezas.
Tendrán un par de oportunidades más antes de que el tiempo los alcance otra vez y con el uso de la fuerza pública los presente ante el juez que los requiere.
El próximo 27 de febrero, habrá una nueva audiencia de imputación por otra carpeta de investigación judicializada y tendrán la oportunidad de conocer las acusaciones, rendir su declaración sobre las órdenes que recibieron hace casi un año.
Su libertad pende de un hilo y la pusieron en manos de la mujer que lo único que tienen en mente es mantenerse en el poder.
Luego de que se conociera la noticia de que la justicia está a la vuelta de la esquina, el Ayuntamiento emitió un comunicado que revela las intenciones de Olea.
Los dejará solos, pues dejó claro que la investigación no es contra ella y aportará lo que sea necesario para hallar una sanción:
“Se ha colaborado activamente con las autoridades correspondientes, en aras de contribuir a una investigación exhaustiva y justa, y se continuará en el mismo tenor”. Ella los entregó.
Y detalló que su prioridad está en conseguir su reelección: “Irene Olea Torres, Presidenta Municipal de Izúcar de Matamoros NO ha sido relacionada a ningún hecho con apariencia de delito. Sus derechos civiles, políticos y electorales están a salvo”.
En unos días se cumplirá un año de las agresiones en contra de las periodistas y activistas de la organización Marea Púrpura que participaban en las actividades por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
Los dictámenes periciales confirmaron tortura, daños psicológicos y otra afectaciones en las víctimas provocadas por la detención arbitraria del que un agente señaló que se habían cometido por “órdenes de la jefa”.
Marco Antonio N., Director de Seguridad y parte de los citados
Irene Olea apeló a las autoridades locales y recibió protección, la Fiscalía General del Estado archivó la denuncia de las periodistas, no esperaba que la autoridad federal procediera.
El manto protector del gobierno del estado tuvo una fisura cuando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, encargó el tema a la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.
Quien trate de entorpecer el proceso, estará enfrentándose a las instrucciones presidenciales.
