Redacción / Información nacional.
El pasado martes 6 de febrero, el Juez de Enjuiciamiento dictó una sentencia de 22 años de prisión contra Benjamín Saúl N., tras ser encontrado culpable del delito de violación en agravio de un adolescente. La Fiscalía General del Estado de Puebla logró obtener esta sentencia luego de una investigación exhaustiva que reveló los escalofriantes detalles de este caso.
Los hechos se remontan al 29 de marzo de 2018, cuando el acusado citó a la víctima, un joven de 17 años, bajo el pretexto de una oferta de trabajo como chofer particular. Sin embargo, lo que parecía una oportunidad laboral se convirtió en una pesadilla para el adolescente. Después de invitarlo a comer a una marisquería y ofrecerle bebidas alcohólicas, Benjamín Saúl N. llevó al joven a unos baños de vapor en la colonia Guadalupe Hidalgo, donde lo agredió sexualmente.
Lo más perturbador de este caso es que, para silenciar a su víctima, el agresor amenazó al menor con causarle daño a su familia, lo que lo obligó a emigrar a Estados Unidos en busca de seguridad. Fue allí, el 9 de agosto de 2021, que la víctima denunció los terribles hechos ante el Consulado de México en San Bernardino, California.
Tras una ardua investigación, la Fiscalía de Puebla logró ejercer acción penal en contra de Benjamín Saúl N. por el delito de violación el 28 de enero de 2022, consiguiendo su vinculación a proceso el 18 de febrero del mismo año. Finalmente, el esfuerzo de la Fiscalía se vio recompensado el 6 de febrero de 2024, con la sentencia de 22 años de prisión, una multa de $26,195 y la condena al pago de la reparación del daño a la víctima por la cantidad de $241,800.
Este caso ha conmocionado a la sociedad poblana y ha puesto de manifiesto la importancia de la labor de la Fiscalía General del Estado de Puebla en la búsqueda de justicia para las víctimas de delitos tan atroces como este. La institución ha reiterado su compromiso de investigar a fondo los hechos de su competencia, con el objetivo de lograr sentencias condenatorias en contra de los probables responsables, demostrando así que la justicia es un principio irrenunciable en el estado.