Abraham Onofre / Acatlán de Osorio, Pue.
Acatlán de Osorio, un municipio en el sur estado de Puebla, ha sido testigo de un presunto caso de tráfico de influencias y amenazas que tiene a sus habitantes en estado de alerta. Juana N., propietaria de un predio conocido como El Cantor, ha alzado su voz para denunciar una serie de actos ilegales perpetrados supuestamente por el presidente municipal y un policía estatal llamado Einer.
La historia comienza el pasado 1 de octubre de este año 2023, cuando el presidente municipal de Acatlán de Osorio habría ordenado telefónicamente al juez calificador que liberara a la señora Francisca N., quien había sido detenida por allanamiento de morada. Sorprendentemente, no solo se le dejó en libertad sin fijarle ninguna multa por su falta administrativa, sino que tampoco se le puso a disposición de ninguna autoridad competente.
Lo más alarmante es que la orden para liberar a la señora Francisca provino del señor Einer, un elemento de la Policía Estatal de Puebla que afirmaba ser su esposo. Este acto de tráfico de influencias pone en evidencia la falta de ética y profesionalismo tanto del presidente municipal como del policía estatal involucrado.
Sin embargo, es importante destacar que los elementos de la policía municipal de Acatlán de Osorio actuaron correctamente durante el incidente, respetando el debido proceso y tratando de hacer valer la ley. Lamentablemente, el esposo de la señora Francisca, el policía estatal Einer, agredió y violentó a estos elementos municipales, poniendo en peligro su integridad física.
Por si fuera poco, Juana N., dueña legítima del predio El Cantor, ha recibido amenazas tanto de la señora Cariño Romero como de Einer. La señora Juana ha trabajado arduamente en su propiedad para cultivar y obtener ingresos económicos para ella y su familia. Sin embargo, la señora Francisca ha invadido ilegalmente su propiedad en múltiples ocasiones, abusando de la confianza de Juana y amenazándola tanto a ella como a su familia de muerte.
Ante esta serie de hechos graves, Juana ha solicitado protección a las autoridades de la Secretaría de Gobernación, ya que teme por su vida y la de sus seres queridos. Sin embargo, el Ministerio Público se ha mostrado renuente a tomar su denuncia por allanamiento de morada, dejando en total impunidad los actos ilegales cometidos por la señora Francisca.
En su petición de protección, Juana solicita específicamente que se evite la intervención del presidente municipal, para asegurar que no se cometan actos contrarios a la ley. También pide que la Policía Estatal actúe de acuerdo a la ley y no se deje influenciar por uno de sus elementos, en este caso, Einer. Puesto que se encuentra en una situación de tráfico de influencias e injusticia, Juana teme por su vida y la de sus familiares.
