En medio de un incremento de los delitos en el país, el Congreso chileno aprobó la llamada ley “gatillo fácil”, que establece que los policías podrán accionar sus armas en legítima defensa, si se encuentran amenazados por las personas.
Tras un acuerdo entre el gobierno y el Senado se removieron varios de los puntos más controvertidos de este proyecto de ley, cuya discusión en el Congreso se dio en un clima de fuerte fricción y la presencia de víctimas de represión policial y familiares de policías asesinados.
El acuerdo con el gobierno también eliminó la causal que permitía el uso de armas cuando un policía es atacado por dos o más personas desarmadas, así como la exención de responsabilidad de los mandos policiales o militares por eventuales delitos protagonizados por sus subalternos.
Datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, señalan que en 2022 los homicidios crecieron 33. 4 por ciento respecto al año anterior, la segunda mayor variación en América Latina detrás de Ecuador, donde aumentaron más de 80 por ciento.
