Nicolás Dávila Peralta
El ejercicio periodístico se ha enfrentado siempre a riesgos que en casos extremos pueden costarle la vida al comunicador. El espacio de una columna es insuficiente para dar cuenta de todos los riesgos que enfrenta el periodista; sin embargo, hay dos que constituyen los extremos del servicio orientado a informar y formar opinión: la represión y la corrupción. Me referiré especialmente a la represión.
La historia de México está llena de ejemplos de periodistas que han padecido persecución y muerte por haber cumplido con honestidad su tarea: desde el senador Belisario Domínguez, asesinado por la dictadura de Victoriano Huerta; Manuel Buendía, uno de los periodistas críticos de la época de la dictadura blanda priísta, hasta los que han sido víctimas en este siglo XXI tanto del narcotráfico como de autoridades que se sienten todopoderosas.
No obstante, tendemos siempre a ver los asesinatos, torturas, desapariciones y amenazas a periodistas como algo lejano, algo que sucede más allá de lo que llamamos nuestra “patria chica”.
Sin embargo, suceden acá, ante nuestras narices y su origen está en una autoridad que no ha entendido que en una democracia el poder es pasajero.
Un hecho que ha repercutido en la prensa estatal y nacional, y ha activado alertas en movimientos en defensa de la mujer, organizaciones periodísticas y de derechos humanos, es el sucedido en Izúcar de Matamoros el 10 de marzo por la noche.
Esa fecha, fueron detenidas con lujo de violencia dos reporteras de este medio informativo, cuando cubrían los preparativos para una marcha en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
Como si se tratara de peligrosas delincuentes, las reporteras fueron detenidas y posteriormente golpeadas, desnudadas y agredidas por elementos de la Policía Municipal de Izúcar.
No fue un asunto de policías corruptos que buscaban un arreglo monetario; se trató de elementos de Seguridad que obedecieron órdenes. Tras la amenaza de desaparecerlas, a un elemento se le fue la lengua y confesó que eran “órdenes de la jefa”.
Todo este calvario padecido por las dos reporteras, muestran que las intenciones no eran solo espantarlas, sino, en caso dado, llegar a la desaparición forzada. Los hechos han quedado registrados ante la Fiscalía General del Estado bajo el expediente FGEP/CDI/FECC/MUN-1/000187/2023, y denunciados ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE).
Lo de estas compañeras no es un caso aislado, en otras partes del país se ha llegado al asesinato de periodistas por el único “delito” de una actitud crítica antes las autoridades locales, presidentes municipales que se han mareado por el mínimo poder que el voto les ha concedido y que los hace sentirse todopoderosos, no servidores, sino dueños del municipio.
Esta falsa percepción es lo que lleva a personas de último nivel tanto de educación como de vocación de servicio, pero enajenadas por el mínimo poder que ejercen, a atentar contra la vida e integridad de quienes se atreven a señalar sus errores y se niegan a ser mercenarios del periodismo.
