**Pese a que ya se había rentado el inmueble, nunca se inauguró ni se utilizó para lo destinado**
Omar Escamilla
La “Casa de medio camino”, proyecto estratégico que brindaría atención a mujeres que sufren violencia en el municipio de Izúcar de Matamoros, propuesta plagada de escándalos y presuntas irregularidades, actualmente se encuentra en abandono.
¿Qué fue lo que llevó a este albergue al desmantelamiento total? ¿Quiénes se vieron implicados en estos hechos? ¿A partir de qué momento el proyecto perdió el rumbo?
“Casa de medio camino”, ¿cómo surge?
El 20 de octubre del año 2021, la regidora de personas en situación de vulnerabilidad, Blanca Estela Larios Ávila, presentó el proyecto denominado “Casa de medio camino” a la presidenta municipal Irene Olea Torres, como parte de una estrategia que buscaría dar solución a los severos casos de violencia, que las mujeres afrontan de forma cotidiana en Izúcar de Matamoros.
Originalmente, el proyecto se tenía pensado como una casa de retiro para personas de la tercera edad, mujeres violentadas y niños en situación de calle, pero dada la severidad de la cantidad de reportes que llegaban diariamente a las oficinas gubernamentales y posterior a una serie de reuniones que sostendría la regidora con la alcaldesa, se acordó brindar atención principalmente a mujeres que hayan sufrido algún tipo de violencia, ofreciendo atención jurídica, psicológica, así como redes de apoyo para las usuarias del inmueble.
Después de dos meses de intensa búsqueda, la funcionaria municipal, Blanca Estela Larios Ávila, logró gestionar la renta de un inmueble de 3 edificios diferentes, cada uno equipado con baños y cuartos autónomos, de dos pisos y amplio jardín para poner en marcha el albergue;
Larios Ávila, en entrevista para Enlace Noticias, ha referido que, al inicio de este proyecto, se encontraba muy entusiasmada de poder beneficiar a un sector históricamente olvidado por los gobiernos municipales.
A través de diferentes actividades, la regidora buscó financiamiento para lograr equipar la “Casa de medio camino” con todo lo necesario para empezar a operar a la brevedad, como camas, literas, sillones, lavabos, tazas de baño, instalaciones eléctricas, portones, aditamentos de cocina, etc., al mismo tiempo que coordinó diferentes brigadas de limpieza al interior del inmueble.
Desaparecen 800 mil pesos del erario público
Como parte de las acciones impulsadas por la presidenta municipal Irene Olea Torres, el 23 de abril del año 2022 durante la celebración de la tradicional feria de Semana Santa, tuvo lugar el denominado “Evento con Causa”, un foro musical donde hicieron acto de presencia Aarón y su grupo Ilusión, banda la destructora, así como Tenchy y su Grupo Aroma, con precios que variaban desde los 150 pesos en preventa, hasta los 200 pesos el día del espectáculo.
El fracaso de este evento representaría un punto de inflexión para el albergue de mujeres violentadas; fuentes extra oficiales señalaron que, dado el reducido aforo y la inversión en la renta de luces, bocinas, tarima, pago de publicidad, pago de artistas, fuegos pirotécnicos y bebidas embriagantes, las pérdidas se estimaron en aproximadamente 900 mil pesos, y este monto causaría revuelo en las sesiones de Cabildo, donde nunca se llegó a aclarar cuanto se logró recaudar en este baile.
Abandono del albergue
Ante la falta de transparencia de las cantidades monetarias invertidas y recuperadas en beneficio del albergue, y al no recibir ninguna mejora, el distanciamiento entre la regidora y la alcaldesa inició.
Blanca Estela Larios Ávila expuso haber buscado un acercamiento con la edil en diversas ocasiones, para aclarar que había pasado con el presupuesto destinado para “Casa de medio camino”, pero solo obtuvo largas por parte de Irene Olea.
Hasta el momento se desconoce el monto final recaudado y el destino que tuvieron estos ingresos, dado que en ninguna sesión de Cabildo se aunó en detalles para tratar de esclarecer este tema.
Poco a poco el abandono del albergue se hizo más notorio, los muebles que se esperaban de parte de la presidencia municipal nunca llegaron, los pagos del inmueble empezaron a retrasarse y las jornadas de limpieza a suspenderse.
Ante esta situación, la funcionaria empezó a confrontar a la alcaldesa en sesiones de Cabildo, preguntando sobre el avance del proyecto, por lo que Olea Torres afirmaba que estaba próximo a inaugurarse; pero la gran apertura nunca sucedió, fue así como llegó el mes de diciembre, fecha en el que el contrato de renta vencía y los pagos se suspendieron, a pesar de que el gobierno seguía haciendo uso del inmueble.
Irregularidades y desmantelamiento del inmueble
Ante el vencimiento del contrato, el arrendatario acudió a las instalaciones de Casa Colorada para saber que acción se tomaría, por lo que el dueño del edificio (del cual se omiten datos personales por motivos de seguridad), declaró que en diversas ocasiones acudió a las oficinas de Gobierno, donde tuvo que esperar hasta 3 horas, para finalmente ser atendido por la alcaldesa municipal.
Una vez en su despacho, sostendría una larga reunión, donde presuntamente la edil buscaría adquirir el inmueble por la cantidad de 2 millones de pesos, presupuesto que saldría de “unos pequeños ahorritos y lo que se lograra juntar del predial”.
Con estas presuntas declaraciones se añadiría un nuevo escándalo al albergue, porque el arrendatario se negaría a realizar la venta del inmueble.
Llegando a un acuerdo de prórroga, sin firmar un nuevo contrato, en espera de que se contara con más claridad respecto al proyecto, después de tres meses el arrendatario recibió las llaves del terreno, concluyendo formalmente el contrato de renta.
Pero al dirigirse al inmueble para revisar el estado del mismo, se vio sorprendido al notar que los portones de la casa habían sido arrancados, así como el cableado que lleva la luz a las instalaciones, y se llevaron lavabos, tazas de baño, una reja perimetral de 3 metros y una bomba de agua.
Estos hechos violentaron lo estipulado en el contrato celebrado entre el particular y el Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, el cual, en sus primeros párrafos, menciona que toda mejoría realizada a la casa pasaría a ser propiedad del arrendatario.
Al día de hoy, el Gobierno municipal no ha dado ninguna declaración respecto a los hechos, y ha logrado matizar la información en los medios locales, para que la situación pase desapercibida.
