Nicolás Dávila Peralta
A mitad del actual periodo de gobierno de los ayuntamientos del estado de Puebla, se refleja que a varios alcaldes y alcaldesas les ha afectado la altura de más o menos seis centímetros -que es lo que mide un ladrillo- y ya están mareados, unos por el poder y otros por no poder con el puesto.
Entre los ediles que no han podido con el puesto se encuentra Norma Layón, presidenta municipal de San Martín Texmelucan, postulada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a quien se le derrumbó un tanque elevado de agua y ha tenido otros problemas en ese municipio donde la violencia ha sentado sus reales y la población ha expresado su descontento por la mala administración municipal.
Otra alcaldesa, ésta militante del PAN, que ha dado de qué hablar es Paola Argón, de San Pedro Cholula, por problemas en el manejo de los recursos públicos, entre otras deficiencias de su administración.
Otro morenista que ha sido criticado por sus gobernados es el edil de Tecamachalco, Carlos Ignacio Mier. Apenas tenía un mes en el cargo, cuando tuvo que enfrentar el caso del asesinato de tres agentes ministeriales a manos de policías municipales.
Pero estas no son las únicas autoridades municipales con problemas; el alcalde de Tehuacán ha enfrentado serios conflictos de seguridad y de protección del medio ambiente por el mal manejo de los desechos de su municipio.
Otro caso notable fue el del presidente municipal de Quimixtlán, el panista Armando Pimentel Gómez, a quien se le acusó de coludirse con el crimen organizado; sin más ni más abandonó su puesto y el municipio.
En lo referente a la Mixteca poblana, fueron notables los casos de los presidentes municipales de Acatlán de Osorio y de Piaxtla, Arturo Cajica Gómez y Miguel Maceda. El primero fue encarcelado por uso indebido de sus funciones, derivado del asesinato de su director de policía, ejecutado junto con su esposa, y el segundo, por la muerte de un reo, presuntamente a manos de policías municipales. Ambos fueron a la cárcel.
Tal parece que hay una competencia entre panistas y morenistas para ver quién gana el premio del peor gobierno del trienio 2021-2023.
Hasta ahora estos eran los casos más difundidos en los medios periodísticos y en las redes sociales; pero el caso de Izúcar de Matamoros ha superado las fronteras de la región para empezar a ventilarse a nivel estatal.
El conflicto en la administración municipal salió a relucir durante el primer informe de labores de la presidenta municipal Irene Olea Torres, en presencia del entonces gobernador del estado Miguel Barbosa Huerta. Sucede que, tras rendir su informe, una de las regidoras respondió al mismo, como lo marca la ley. Y aquí acabó la tranquilidad de la sesión de Cabildo; la respuesta señaló las irregularidades de la administración y los partidarios de la alcaldesa respondieron a gritos y sombrerazos.
La división del Cabildo Municipal no apareció de la noche a la mañana; en el mes de octubre se puso en evidencia ante toda la ciudadanía; pero la división surgió de los señalamientos del mal manejo de los recursos públicos, de la deficiencia de obras en beneficio de la población y, sobre todo, del alarmante crecimiento de la delincuencia en todo el municipio.
El jueves pasado, el conflicto llegó a las páginas de uno de los medios más ecuánimes del estado: La Jornada de Oriente, donde uno de sus principales periodistas y columnistas dio más detalles que revelan estos tres problemas que aquejan a un municipio que se ha considerado desde los años 90 del siglo pasado como uno de los bastiones de la izquierda.
En la columna publicada en este diario que forma parte de la sociedad que publica el diario nacional La Jornada, además de los problemas de inseguridad, opacidad en el manejo de los recursos públicos y la carencia de obras públicas, se destaca la alianza oculta entre la presidenta municipal y políticos locales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), traicionando así el proyecto que le dio origen al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Tal parece que Irene Olea está siguiendo el camino de la senadora sonorense Lilly Téllez, quien llegó al senado por invitación expresa de Andrés Manuel López Obrador, bajo las siglas de Morena, y ya en el puesto se cambió de chaleco y ahora es una rabiosa militante del PAN,y su sueño es llegar a ser presidenta de la República.
Sería muy triste para la izquierda izucarense que doña Irene también soñara con su reelección; si es bajo la bandera de Morena o con las siglas del tricolor, se acabarán sus sueños de reelección.
Retazos
A propósito de comparaciones, la alcaldesa de Izúcar se elevó el sueldo en un 10 por ciento, para tener un ingreso mensual superior a los 50 mil pesos. ¿Querrá emular a la senadora María Lilly del Carmen Téllez García, conocida como LillyTéllez, quien recibe una dieta mensual de 105 mil 625 pesos y un aguinaldo de 201 mil 856 pesos, únicamente por subir a la tribuna del Senado a despotricar contra el Presidente de la República y soñar con llegar a gobernar el país?
