Nicolás Dávila / Punto de Vista
El Instituto Nacional Electoral ha decretado una veda semejante a la aplicada en tiempo electoral, esta vez para preparar la consulta popular del próximo 1° de agosto, en torno al enjuiciamiento de los ex presidentes de los últimos cinco sexenios, tal como se difunde en las redes sociales.
Desde 2014, fue aprobada la Ley Federal de Consulta Popular; sin embargo, dicha ley fue reformada en 2021.
De acuerdo con el artículo 4 de la Ley Federal de Consulta Popular, ésta “es el instrumento de participación por el cual los ciudadanos, a través de la emisión del voto libre, secreto, directo, personal e intransferible, toman parte de las decisiones de los poderes públicos respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional o regional competencia de la Federación”.
La importancia, pues, de la consulta ciudadana como la que se realizará el 1° de agosto en todo el país, deriva de que representará la opinión de los ciudadanos en torno a un tema relevante, como es el combate a la impunidad de los más altos funcionarios del país, durante y después de concluidas sus funciones.
Una consulta popular puede ser solicitada al Congreso de la Unión (cámaras de diputados y de senadores) por el presidente de la República, por el 33 por ciento de los integrantes de alguna de las dos cámaras legislativas o por, al menos, el dos por ciento de los ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral.
El resultado de la consulta popular es vinculante para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales así como para las autoridades competentes, cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores de la entidad o entidades federativas que correspondan.
Contrario a lo que muchos esperan, que a partir de la consulta de este 1° de agosto, de manera inmediata se encarcele a los ex presidentes, la consulta popular es un elemento que sirve para que las autoridades competentes tomen las decisiones que correspondan a sus funciones.
De este modo, si al menos el 40 por ciento de los ciudadanos registrados en el padrón electoral participan en la consulta popular, el resultado será tomado en cuenta por las autoridades; pero si los ciudadanos se abstienen de participar en la consulta y el porcentaje es menor, entonces, la consulta no será vinculatoria, es decir, no será tomada en cuenta por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo o las autoridades competentes. Esta es la razón por la que personajes como el ex presidente Vicente Fox llaman a los mexicanos a no participar en la votación.
La consulta del 1° de agosto es un derecho ciudadano, es la oportunidad para que las decisiones que se tomen en el país no sean fruto de acuerdos de las cúpulas del poder, sino fruto de la voluntad popular. NO participar en esta consulta es negarnos a hacer válido nuestro derecho a decidir sobre asuntos importantes para la nación.
Por el contrario, al participar expresamos nuestra convicción ciudadana y hacemos que se haga realidad la democracia participativa, esa democracia que los gobiernos anteriores nos han negado, al reducirla al voto electoral.
Hay que advertir, desde luego, que en la papeleta de la consulta no encontraremos las fotos de los ex presidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña; tampoco encontraremos la pregunta directa: ¿quieres de vayan a la cárcel?
La pregunta aprobada por la Suprema Corte de la Nación y a la cual contestaremos SÍ o NO, es esta:
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para empezar un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
Nuestra respuesta abrirá las posibilidades para que se investigue y se esclarezcan los efectos de las decisiones políticas tomadas por los ex presidentes; si hay delitos, que se castiguen y se garantice la justicia para las víctimas de los actos violatorios de los derechos, la seguridad, la integridad física y la vida de las personas.
Hay hechos sangrientos que permanecen impunes: los asesinatos de militantes de la izquierda en el gobierno de Carlos Salinas; la matanza de Acteal, Chiapas, en el gobierno de Ernesto Zedillo; la represión de Atenco, cuando Vicente Fox era presidente y Enrique Peña Nieto gobernador del Estado de México; los miles de mexicanos inocentes y los pactos con narcotraficantes durante la “guerra” de Felipe Calderón; la desaparición de estudiantes de la normal de Ayotzinapa, con Enrique Peña Nieto.
La consulta popular del 1° de agosto, abrirá las puertas para que estos políticos rindan cuentas ante la nación y para poner un alto a la impunidad de muchos funcionarios de los gobiernos anteriores.
