Nicolás Dávila Peralta – Punto de Vista

Un ejemplo de la “vinculación estrecha entre los negocios privados y los negocios públicos, o cómo se hacían los negocios privados al amparo del poder público”, como lo aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, es el contrato leonino que signaron en su momento Felipe Calderón y su entonces secretario de Seguridad Genaro García Luna, a través del cual se entregó a un conjunto de empresarios la construcción, administración y propiedad de ocho penales del país.

El 13 de enero, el mandatario mexicano dio a conocer este negocio que en su momento se denominó “plan administrativo en prisiones mexicanas a través de un esquema de Asociación Público-Privada” que enriquece a un selecto grupo de empresarios y obliga al Estado Mexicano a entregarles por concepto de construcción y operación de estos penales un total de 266 mil 300 millones 554 mil 847 pesos, en un plazo de 20 años, a partir de 2011.

Al cerrar el año 2020, se había pagado a los seis empresarios beneficiados con esas ocho cárceles, 75 mil 661 millones 735 mil 763 pesos, quedando por pagar en los once años restantes un monto de 190 mil 638 millones 819 mil 84 pesos. Tan solo en 2020, los magnates recibieron del Estado Mexicano 15 mil 562 millones 904 mil 661 pesos. TODO ESTE CAPITAL PAGADO CON NUESTROS IMPUESTOS, que han ido a parar a la bolsa de empresarios como Olegario Vázquez Raña y Carlos Slim.

El jugoso negocio de las cárceles privadas constituye una sangría a los recursos públicos (léase: a nuestros impuestos) que además de ir a parar a las arcas de los hombres más ricos de México, revela el nivel de corrupción y despilfarro que marcó el (des)gobierno de Felipe Calderón y de su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos acusado de complicidad con los cárteles mexicanos de la droga.

Al dar a conocer este negocio carcelario, el presidente López Obrador informó que se ha iniciado el proceso para recomponer este desatino del panista.

Otra deuda pendiente

La revelación del negocio de los penales privatizados, trae a la memoria otra medida que también sigue costando al pueblo mexicano por varias generaciones: la transformación en deuda pública la deuda privada de bancos y deudores a través del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, el famoso Fobaproa.

Por obra y gracia del gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, desde 1995 los mexicanos estamos pagando esa deuda billonaria por el rescate bancario a través del Fobaproa. Se estima el monto del endeudamiento nacional por este rescate bancario en 552 mil millones DE DÓLARES.

Al cierre de diciembre de 2020, la deuda del Fobaproa aún pendiente ascendía a un billón 58 mil 567 millones de pesos, una deuda que presuntamente debería terminar de pagarse en 2025, límite, por demás imposible de cumplir.

Si el endeudamiento diseñado por el priista Ernesto Zedillo Ponce de León y aprobado por el Congreso de la Unión, entonces de mayoría priista y panista, constituyó una carga financiera para el país y un endeudamiento que estaremos pagando varias generaciones de mexicanos, no es menos escandalosa y onerosa la deuda que impuso al pueblo de México Felipe Calderón, bajo el pretexto de que las cárceles eran insuficientes en el país, pero con la intención de iniciar la privatización de las cárceles, tal como lo hace Estados Unidos.

Así pues, entre el endeudamiento diseñado por el priista Ernesto Zedillo Ponce de León en 1995 y la privatización de ocho penales negociado por Felipe Calderón Hinojosa y Genaro García Luna, los mexicanos tendremos que pagar con nuestros impuestos una deuda de 249 mil 206 millones de pesos.

Estos fueron los criterios con los que se manejaron los gobiernos neoliberales en nuestro país: endeudar al pueblo para enriquecer a unos cuantos.