Por: José Oscar Padilla Lobato
En las últimas semanas y días se han desencadenado una serie de polémicas y controversias públicas y ciudadanas, en torno a la nueva Ley de Educación del Estado de Puebla aprobada el pasado 18 de mayo por el Congreso del Estado, con la discusión de artículos polémicos como el 12 (corresponde al estado la rectoría de la educación) y el 105 de la misma ley (forman parte del sistema educativo estatal, pero no pertenecen). Si bien sería muy saludable, social y políticamente, que antes de haber aprobado dicho ordenamiento legal se hubiese convocado a foros de consulta popular y ciudadana, tal como lo han demandado varias instituciones públicas y privadas de educación básica, media y media superior; sin embargo, el confinamiento sanitario y la suspensión de actividades escolares han impedido dicho ejercicio. En el otro lado obscuro de la luna, estas demandas, inconformidades y críticas se han usado como verdadero “caballo de Troya” en contra del gobierno estatal 2019-2024, de parte de grupos de oposición interesados en desactivar y sabotear por intereses prelectorales el desarrollo educativo de la entidad, más allá de las teoría de las conspiraciones y de la visiones macartistas maniqueas que, de forma paranoica, confunden cualquier medida gubernamental en pleno siglo XXI, como la implantación y/o la imposición de un sistema comunista, alegando expropiaciones y nacionalizaciones arbitrarias.
Sin caer en excesos retóricos, esta ley tiene como propósito corregir y evitar abusos y excesos que han infringido algunas instituciones privadas de educación en nombre de la calidad, la excelencia y la certificación educativa y/o escolar, produciendo un avasallamiento de la cultura del éxito y la fetichización de los títulos y los grados académicos, convirtiendo y traduciendo algunas escuelas en verdaderas cofradías del bienestar familiar y personal, saturadas de despilfarro y frivolidad burguesa, ajenas a la cultura comunitaria del esfuerzo y lo más grave, se concibe la educación como una mercancía, no como un instrumento para la formación de la identidad nacional y cultural en el educando, en beneficio del interés público y asunto prioritario del Estado, como ya lo apuntaba desde el siglo XIX Miguel Ramos Arispe.
No es gratuito el resurgimiento del conservadurismo reaccionario que, ya sin los afanes oficiales de la ola privatizadora de hace 30 años, pretende recuperar espacios y cotos de poder, soslayando y minimizando los avances de la educación pública, sobre todo de la educación media y media superior. Es cierto que existen algunas instituciones de educación privada dignas de reconocer, con su sistema de becas a estudiantes de escasos recursos y cuyas aportaciones artísticas y culturales han sido relevantes para Puebla; pero también abundan muchas consideradas “marca patito” que solo les interesa el RVOE, pero que no contribuyen en mucho para el desarrollo de la educación, ni mucho menos son la panacea para formar capital humano para el futuro de la nación.
Es claro que el Estado delega sus potentados y decisiones en los Consejos de Educación Escolar, tanto en el estado como en los municipios y no está monopolizando la iniciativa; solo y a mi juicio, habría que poner un dique institucional y constitucional a los comités de padres de familia, cuya influencia debe ser acotada y como requisito básico y/o candado asistir a la escuela de Padres; además de abrir espacios para la educación en línea y responder a las necesidades de los autodidactas.
El Estado tiene el derecho de ejercer la vigilancia y la supervisión de las instituciones privadas de la educación, a fin de que cumplan con sus objetivos para los que fueron creadas.
Además, estas reformas a la Ley Estatal de la Educación en Puebla se basan en la Ley General de la Educación de la federación, aprobada desde 2019, reconociendo que es necesaria una nueva ley de educación superior en Puebla.
Las raíces de la educación pública en México se remontan al proyecto de la educación laica a mediados del siglo XIX y a la educación socialista del principios del siglo XX, y desde aquella época como la de ahora, los santones de la derecha cristera así como los señoritos del PAN han emprendido una guerra santa, y no han dejado de impugnar los avances y el desarrollo de la educación pública y privada en México. Tendrían toda la razón, si esta ley conculcara, atentara y pusiera en riesgo la libertad de cátedra y enseñanza, pilares de la libertad de culto y la libertad de conciencia, cosa que esta ley no se pone en riesgo. Solo son los fantasmas del retraso, la intolerancia y la ignorancia que avasallan su conciencia pequeñoburguesa.
Soy un convencido de las bondades de la educación pública libre, laica y gratuita en todos los niveles y sobre todo con la educación media superior en Puebla y en México, sin que ello sea la panacea, ya que han sido piedra angular de democratización del país y del estado, pero sí reconociendo que debe transitar de un modelo mediocrático a un modelo meritocrático con mayor eficiencia y calidad.
Juan Jacobo Rosseau, escribió en una de sus obras intitulada “Emilio”, para proponer que en la descripción de sí mismo, un sistema educativo que permita al “hombre natural” convivir con esa sociedad corrupta; JJR escribió de una manera novelada de un joven llamado Emilio y su tutor, para ilustrarnos como se debía educar al ciudadano ideal.
Por ello y por todo lo anterior, la educación es fundamental para la formación de la ciudadanía de un país hacia el mundo y viceversa.
