-Autoridades sin respuestas tras muerte de embarazada en Izúcar.

Said Asael / Izúcar de Matamoros, Pue.

La muerte de Alejandra Rodríguez Ríos, ocurrida el pasado 12 de julio en el Hospital General de Izúcar de Matamoros (HGIM), ha expuesto posibles omisiones médicas, un vacío de responsabilidades y un manejo institucional caracterizado por la falta de transparencia. La mujer, madre de tres hijos —uno de ellos una recién nacida—, fue dada de alta tras presentar complicaciones en su primer ingreso por parto. Tres días después, regresó por un sangrado abundante y perdió la vida en el área de urgencias.

A más de una semana del fallecimiento, ni el hospital ni las autoridades de salud han emitido un posicionamiento claro. Sin embargo, Jesús Eduardo González Sosa, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 07 de Izúcar, reconoció en entrevista que aún no cuentan con información precisa del caso, ya que el hospital dejó de estar bajo control directo de la jurisdicción desde su integración al programa IMSS-Bienestar.

“Actualmente, tanto el Hospital General de Izúcar como los 40 centros de salud que operan en la región ya pertenecen a IMSS-Bienestar”, explicó González Sosa. “Nosotros seguimos como eje rector, pero ya no somos la instancia operativa directa. Estamos esperando la información que será discutida en los comités de vigilancia epidemiológica y de salud materna en los próximos días”, señaló.

Familiares denuncian omisiones médicas

De acuerdo con la versión de la familia, Alejandra ingresó el 9 de julio por trabajo de parto y fue dada de alta sin mayor seguimiento. El 12, acudió nuevamente por hemorragia, pero el equipo médico no logró estabilizarla. Falleció ese mismo día, sin que el hospital pudiera explicar las razones que llevaron a esa evolución tan crítica en tan poco tiempo.

La familia de la víctima ha exigido una investigación formal y sanciones contra quienes resulten responsables. “Creemos que hubo negligencia médica, pero también preocupa el silencio de las autoridades del hospital y de la Jurisdicción Sanitaria. No sabemos si habrá consecuencias o se intentará ocultar todo”, dijeron.

En contraste con la urgencia de los reclamos, la respuesta institucional ha sido lenta y burocrática. El cuerpo de Alejandra fue trasladado a Puebla capital para la autopsia, ya que el Servicio Médico Forense de Izúcar permanece cerrado desde mayo de este año por trabajos de limpieza.

Señalamientos contra la directora del hospital

Dentro del HGIM, el descontento no es exclusivo de los usuarios. Trabajadores del hospital, que pidieron no ser identificados por temor a represalias, afirmaron que la directora del nosocomio, Patricia Zaldívar Huerta, no dedica tiempo suficiente a su labor pública y promueve su clínica particular, ubicada sobre la avenida Centenario. “En varias ocasiones ha sugerido a las pacientes que mejor acudan a su consultorio privado”, denunció uno de los empleados.

Estas prácticas, según los propios trabajadores, deterioran la confianza y calidad del servicio en el hospital público, lo que se vuelve aún más alarmante frente a muertes que podrían estar vinculadas con fallas en la atención y en los protocolos de seguimiento médico.

“Esperamos información”, dice la Jurisdicción

El jefe de la Jurisdicción 07 enfatizó que será durante las próximas sesiones de los comités de vigilancia cuando se conocerán los datos completos del caso. “En estas sesiones se recaba toda la información para poder tomar decisiones”, insistió González Sosa, evitando anticipar algún tipo de responsabilidad o sanción.

Mientras tanto, los familiares de Alejandra Rodríguez Ríos enfrentan el dolor de su pérdida en medio de incertidumbre, burocracia y silencio institucional. Sus hijos —una recién nacida y dos menores más— quedaron en orfandad.

La ausencia de explicaciones por parte del hospital y la dilación en el pronunciamiento oficial abren una nueva interrogante sobre el nivel de compromiso de las autoridades sanitarias frente a los casos de mortalidad materna, sobre todo en regiones donde los recursos y la vigilancia ciudadana suelen ser limitados.

La Jurisdicción Sanitaria promete recabar información “en próximas sesiones”, mientras la familia de Alejandra sigue esperando respuestas y justicia en un entorno donde las instituciones, hasta ahora, han optado por el silencio.