Punto De Vista
 
Por: Nicolás Dávila Peralta

 
Septiembre 26 de 2014, Iguala, Guerrero, 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, fueron capturados por policías municipales y entregados a sicarios de una banda de narcotraficantes.

 
Suman ya cinco años del reclamo incansable de padres de familia y compañeros estudiantes de los desaparecidos por el engaño, silencio y promesas de las autoridades.

 
La desaparición de los 43 no es un hecho aislado, forma parte de una historia de represión, tortura, encarcelamiento y desapariciones que México arrastra desde mediados del siglo pasado, aún antes de la masacre de Tlatelolco, cuyos muertos y desaparecidos no ha llegado a saberse a ciencia cierta.

 
La llamada “guerra sucia”, en el sexenio echeverrista, tiene también una larga lista de desaparecidos, muchos de ellos –según testimonios de habitantes de la Costa Grande de Guerrero- capturados y desde aeronaves arrojados vivos en altamar. Notable ha sido la lucha de la señora Rosario Ibarra de Piedra en demanda de la aparición de su hijo y los desaparecidos de los años 60,70 y 80 del siglo pasado.

 
La desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa se une a esta larga lista de desaparecidos, cuya demanda de justicia es un pendiente de los gobiernos desde 1968 a la fecha.

 
En la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero, se coludieron el poder político y el poder de la delincuencia organizada. En los cuatro años anteriores se puso en evidencia la ineficiencia de los órganos encargados de la procuración y la impartición de justicia.

 
Primero fue el silencio; luego la investigación falseada que llevó a la “verdad histórica” del gobierno de Enrique Peña Nieto y el intento por contener así las demandas de justicia.

Lo cierto es que ese intento por silenciar la protesta, tanto por los jóvenes normalistas como de los miles de desaparecidos desde los años 60 del siglo pasado, han revelado los secretos del poder en México.

 
En 1968, la estructura de poder en México era la del poder político absoluto, representado por un partido político casi único que respondía a un caudillo sexenal denominado Presidente de la República; la ideología oficial dependía de él. Eran los tiempos en que el poder oligárquico era político y a él se sometían el poder económico y el poder mediático.

 
Al asumir Carlos Salinas el poder político, la estructura del poder de la oligarquía cambió en su orden jerárquico: el poder económico tuvo el mando, sobre el poder político.

 
Pero a partir de la “guerra” establecida por Felipe Calderón contra el crimen organizado, surgió un nuevo poder que compite con los poderes económico, político y mediático: el crimen organizado.

 
Los hechos sangrientos de Iguala, en contra de los normalistas de Ayotzinapa, revelan la fuerza de este poder perverso, capaz de penetrar el poder económico a través del ingreso de divisas al país y el lavado de dinero, al poder político y con él los cuerpos de seguridad por medio de la corrupción.

 
Así, la sangre de los jóvenes normalistas ha revelado los alcances de esta colusión que corrompe más aún el poder y fortalece la estructura de dominante-dominado en que el país se encuentra.

 
El gobierno actual ha expresado su voluntad de llegar hasta el fondo del problema y hacer justicia a los padres de familia, a los estudiantes y a la sociedad que pide justicia. La Fiscalía General de la República ha expresado que partirá casi desde cero la investigación y manifestado su voluntad de llegar hasta el fondo.

 
Es un mensaje esperanzador, porque es necesario que los poderes institucionales rompan con el esquema de poder al que se incorporó de forma encubierta el crimen organizado.

 
La sangre derramada en Tlatelolco en 1968, el Jueves de Corpus de 1971, la de los jóvenes de Ayotzinapa deben ser la semilla de un México que rompa con este sistema de dominio, para hacer realidad la demanda de los jóvenes del 68, del 71, del 2014, de una sociedad fundada en la igualdad, la justicia y la paz.