Redacción/Ciudad de México
La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) dio a conocer que cada año, la evasión fiscal por el uso de facturas falsas de empresas que simulan operaciones financieras asciende a 750 mil millones de pesos. El daño para Hacienda debido a estos esquemas es equivalente a 6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), por lo que se busca reformar las leyes para que quienes cometan este tipo de acciones vayan a prisión.
Durante el Foro «Corrupción y Empresas Fantasma: propuesta de reforma legal para su combate eficaz», que organizó el partido Morena, la titular de la Prodecon, Diana Bernal Ladrón de Guevara, dijo que la utilización de facturas falsas debe tipificarse como delito grave y que el castigo sea de 10 años de cárcel.
«Se debe perseguir penalmente a estos factureros falsos, a esas empresas fachada como lo que son: redes de delincuencia organizada, y además, utilizan como accionistas a prestanombres y compran datos personales en el mercado negro para constituir sus empresas, por lo que ese delito debe pasar a la modalidad de delincuencia organizada. Ha faltado voluntad política para combatir las redes de corrupción», subrayó.
Explicó que el 70 por ciento de esos recibos apócrifos fueron utilizados por secretarios de Estado, gobernadores, presidentes municipales, partidos políticos, universidades y la desaparecida Asamblea Legislativa del Distrito Federal, entre otros.
En su intervención, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Alfonso Ramírez Cuéllar, afirmó: «Para que haya oferta de facturas falsas y para que se fortalezca toda esa red tiene que haber una gran demanda y el principal demandante son gobernadores, secretarios de Estado, partidos políticos, es decir, muchas entidades del sector público. Por eso estamos elaborando el proyecto de ley para que se considere delincuencia organizada; es mucho el saqueo a las arcas nacionales y un daño muy grande a los contribuyentes», puntualizó.
Finalmente Arturo Carvajal, integrante del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas de la ciudad de México, aseguró que la comercialización de facturas apócrifas genera un daño a la hacienda pública equivalente a 6 por ciento del PIB. Ante ello, las instancias, presentaron una propuesta para reformar la Ley Fiscal y el Código Penal Federal para instaurar penas de cárcel de dos a 10 años, a quien incurra en ese delito.
