Tomás Yarrington, el exgobernador de Tamaulipas detenido el año pasado en Italia, ha sido extraditado a Estados Unidos donde enfrentará cargos por lavado de dinero, según ha podido saber en exclusiva Apro.

“Yarrington ya se encuentra viajando hacia Estados Unidos”, explicó Stefano Opilio, el responsable de la oficina de cooperación internacional del Ministerio de Justicia italiano.

“El ministro de Justicia (Andrea Orlando) firmó el decreto ayer y lo hemos entregado a los Marshall (un cuerpo de policía de Estados Unidos) esta mañana a las seis y media de la mañana”, añadió.

“El avión partió del aeropuerto de Roma”, precisó.

Yarrington es acusado de 11 cargos en Estados Unidos, entre ellos tráfico de drogas, lavado de dinero e ilícitos financieros.

Hace unos días, autoridades italianas negaron la extradición a México de Yarrington Ruvalcaba, argumentando que en las cárceles mexicanas se violaban los derechos humanos.

Cabe hacer mención que el 10 de abril de 2017, Yarrington Ruvalcaba fue detenido con base en una orden de detención provisional con fines de extradición, cuando cenaba en un restaurante en el centro de la ciudad de Florencia, Italia.

Desde entonces, enfrenta un proceso de extradición al cual se ha rehusado alegando temas de persecución política en México, y uso de testigos aleccionados, en el caso de Estados Unidos.

El exgobernador de Tamaulipas es requerido desde 2012 por autoridades de Estados Unidos, quienes lo acusan de narcotráfico y lavado de dinero presuntamente de grupos del narcotráfico.

Según la acusación, prestanombres de Yarrington recibieron dinero de líderes de Los Zetas, entre ellos Heriberto Lazcano, El Lazca; así como del Cartel del Golfo, entre ellos Eduardo Costilla, El Coss.

Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) solicitará a Estados Unidos la extradición a México del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, una vez que llegue a territorio estadounidense.

La dependencia informó que hará la petición formal por los mismos delitos, por los mismos delitos por los que se lo solicitó al gobierno italiano, es decir, lavado de dinero y delincuencia organizada.

Con información de Proceso y El Universal

 

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