Punto de Vista / Nicolás Dávila Peralta
Abril, mayo y junio serán meses de campaña electoral para renovar los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y, en Puebla y otros estados, también se elegirá gobernador, diputados locales y presidentes municipales. Para la Presidencia de la República contienden Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade y Margarita Zavala, los tres primeros en alianza partidista y la última como candidata independiente.
Para Puebla, la contienda será entre Enrique Doger Guerrero, Miguel Barbosa, Martha Erika Alonso, Alejandro Romero y Michel Chaín; posiblemente Enrique Cárdenas, si reúne las firmas suficientes para contender como independiente.
Todos los partidos han registrado sus candidatos al Senado de la República y a diputados federales y en las próximas semanas tendremos ya los candidatos a las diputaciones federales y a las 217 alcaldías poblanas.
Estamos, pues en un proceso electoral que, sin embargo, no es solo la renovación de los poderes federales, estatales y municipales, sino algo más: será el momento en que ciudadanía emitirá una calificación sobre la actuación de la clase política mexicana.
Estas no son unas elecciones más, son unas elecciones singulares, no solo porque se anuncian reñidas en cuanto a las cifras y porcentajes de votación, sino porque llegamos al final del sexenio presidencial y de dos gobernadores con un país y un estado lleno de contrastes, con un alto margen de pobreza, una inflación que supera escandalosamente al salario, unas reformas estructurales cuyos resultados van en sentido contrario de lo prometido y esperado, porque son ahora un factor de división en el país.
Tenemos un magisterio dividido entre los que se mantienen fieles al partido oficial y quienes se oponen, a veces ferozmente, a la llamada Reforma Educativa.
La Reforma Laboral sigue avanzando
La Reforma Laboral sigue avanzando y agudiza la desventaja de la clase trabajadora frente a los dueños de los medios de producción y, sobre todo, afecta a los jóvenes recién egresados de las instituciones de educación superior que perciben salarios muy inferiores a los que deberían corresponder a su preparación profesional; además se limitan los alcances de la defensa de los derechos laborales.
La Reforma Fiscal ha marcado un sexenio difícil para todos los contribuyentes al cambiar las normas fiscales en busca de un aumento en la base contribuyente y la de telecomunicaciones mantiene la puerta abierta al crecimiento de los monopolios.
Pero fue la Reforma Energética la que ha desatado el descontento popular, pese a los argumentos de quienes están comprometidos con los lineamientos de los grandes capitales internacionales.
Ya en 2015, al aprobarse las reformas constitucionales se argumentó, por una parte, que marcaría un avance que traería muy buenos resultados para México, mientras que los opositores advertían de que las reformas en realidad marcaban el camino para la privatización de la industria petrolera, estratégica para la seguridad y soberanía nacional.
Hoy, vivimos el encarecimiento constante de los combustibles derivados del petróleo: gasolina, diésel y gas doméstico; de un país productor de estos productos nos hemos convertido en importador; la explotación de los yacimientos petroleros se entrega a empresas extranjeras y, por si fuera poco, se empiezan a filtrar los nombres de políticos que se van beneficiando con la privatización de esta industria.
A esto se une la inseguridad pública, el dominio del crimen organizado en muchos estados de la República, el creciente índice de desapariciones -muchas de ellas manifiestan la complicidad entre fuerzas del orden y criminales- y, lo más grave, la impunidad reinante tanto en la clase política como en la delincuencia.
Han empezado las campañas; los ciudadanos tenemos una sola pregunta para definir nuestro voto: ¿qué van a hacer con el país, señores candidatos?
