Durante la actual administración, encabezada por Enrique Peña Nieto, 7 de cada 10 contratos firmados con los mil principales proveedores del gobierno se asignaron mediante adjudicación directa, lo que equivale al 71 por ciento de los contratos, reveló el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

De acuerdo con el reporte “Índice de Riesgos de Corrupción: el Sistema Mexicano de Contrataciones Públicas”, los contratos asignados por adjudicación directa significan el 31 por ciento de los 2.3 billones de pesos que se contrataron de enero de 2012 a julio de 2017. 

“Solamente el 22 por ciento de los contratos asignados a estas compañías fue licitado públicamente”, apuntó.

El Imco señaló que a partir de la revisión de los contratos que están contenidos en la plataforma de Compranet, se encontraron tres variables que alertan de riesgos de corrupción: falta de competencia, de transparencia y existencia de anomalías diversas.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social(IMSS) son las tres entidades con más Unidades Compradoras (UC) en riesgo de caer en corrupción y sumaron casi un billón de pesos de recursos públicos gastados en contrataciones públicas.

Según el Imco, la base de datos generada también permitió identificar algunas prácticas contrataciones públicas que preocupan, como que tres instituciones concentren el 56 por ciento del gasto público de la Administración Pública federal en procedimientos de contratación, y que 30 (0.02 por ciento del total) proveedores se queden con una quinta parte del gasto en contrataciones públicas.

“De los 129 mil 411 proveedores distintos que han ganado un procedimiento de contratación en los últimos 5 años, los primeros 2 mil 512 proveedores (1.9 por ciento del total) representan el 80 por ciento del monto asignado en procedimientos de contratación pública”, agregó.

(Con información de Aristegui Noticias)

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