Amedida que pasa el tiempo y crece la población, aumenta la explotación de los recursos naturales, lo que representa un gran daño ecológico irreparable.

Hablemos, por ejemplo, del petróleo, recurso que se explota de forma masiva desde hace más de 120 años, hoy está en etapa de decrecimiento, aún cuando se diga que todavía hay mucha oferta mundial y que por eso los precios bajan.

Hoy, al petróleo como al agua, se le encuentra cada vez a mayor profundidad y la extracción se encarece, lo que eleva su precio para los consumidores (no para el país que exporta petróleo crudo).

Es probable que, pasando el 2050 -o mucho antes-, las reservas de petróleo estén en su etapa final, y de ahí en adelante se tengan  que utilizar otras fuentes de energía, más limpia y menos dañina para el medio ambiente.

Ya sabemos que el uso de hidrocarburos es lo que más ha dañado al planeta, es la causa principal del calentamiento global, pero los siguen usando porque es buen negocio para las grandes compañías.

Sin embargo, este no es el tema de hoy, sino la extracción de minerales por parte de empresas internacionales que tienen a su lado a los gobiernos que les otorgan concesiones para explotar millones de hectáreas.

Se dice que, por lo menos, medio territorio nacional está concesionado a empresas extranjeras para que exploten nuestros recursos. En el artículo 27 constitucional, se establece que todos los recursos del subsuelo corresponden al país, a la nación; nadie en particular es dueño de nada.

Habría que saber lo que dicen las leyes secundarias mexicanas sobre las concesiones mineras, bajo qué condiciones se otorgan, de lo que extraen las empresas, cuánto se les queda y cuánto es para el estado, o cuánto deben de pagar las empresas si extraen oro o plata, por ejemplo. Hay que saber cuánto devuelven al estado mexicano.

De esto nada se sabe, el gobierno no informa y la sociedad no lo demanda. El gran problema es el daño ecológico que se causa por la extracción de minerales, para sacar unos cuantos gramos de oro, pues para ello necesitan mover decenas de toneladas de materiales, derribar muchas hectáreas de bosques, contaminar manantiales, afectar  a cientos o miles de especies animales y vegetales. El daño es enorme.

Esto lo sabe el gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales, pero nadie actúa, se permite y tolera el daño ecológico por parte de las grande empresas, las que, por ejemplo, para extraer gas o petróleo utilizan el sistema llamado fraking, que consiste en romper rocas, utilizando para ello grandes cantidades de agua y de elementos químicos dañinos al medio ambiente y la salud de la población.

Como el gobierno es aliado de las grandes empresas y les permite todo, les otorga concesiones por  muchos años en miles y millones de hectáreas; a los pueblos y comunidades sólo les queda luchar por la defensa de los recursos naturales.

Incluso, en muchas comunidades, los líderes y autoridades son comprados por las empresas para que faciliten la explotación de los recursos, o bien, hacen algunas obras en las comunidades con el fin de que no se opongan a los proyectos mineros.

De esta forma, las comunidades y organizaciones defensoras de los recursos no sólo se enfrentan a las grandes empresas sino a algunos dirigentes y autoridades locales, lo cual genera divisiones y hasta enfrentamientos en las poblaciones.

Este es el gran problema que enfrentan los pueblos parar los proyectos mineros. Les es muy difícil porque todo tienen en contra, el mismo gobierno en sus tres niveles se convierte en su enemigo, esta es la causa de que muchos líderes defensores de los recursos sean encarcelados e incluso asesinados.

De este modo, en Puebla y el país siguen los proyectos mineros; las empresas tienen todo a  su favor, empezando por el gobierno federal, los estatales y municipales, es así como se sigue causando un gran daño ecológico.

¿Qué queda por hacer? Lo que hacen grupos de valientes poblanos y mexicanos, muchos encabezados por valerosas e inteligentes mujeres, los que impiden a toda costa la presencia de empresas con sus trabajadores y equipos: no les permiten hacer nada. Sí, se exponen a ser detenidas, pero no existe otra medida cuando se han agotado todos los recursos legales, las movilizaciones, las denuncias.

Las medidas extremas son las últimas que se toman cuando los reclamos y demandas de los pueblos no son escuchados, cuando hay oídos sordos en los gobiernos.

Es en el norte del estado de Puebla en donde existen varios proyectos mineros y de construcción de hidroeléctricas, ahí hay movimientos de resistencia por el peligro que representan esas obras permitidas y avaladas por los gobiernos.

Hoy, las comunidades organizadas están denunciando pero no han logrado frenar los proyectos, hay que ver si en su plan de acción están otras medidas para frenar a las empresas que ya realizan estudios de campo para iniciar trabajos.

Vienen problemas por la defensa de los recursos naturales, la salud y el patrimonio de las comunidades.

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