Juan Rubio / Izúcar de Matamoros, Puebla
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, que ordenó al Ministerio Público formular imputaciones por delitos de abuso de autoridad y despojo contra la presidenta municipal, Irene Olea Torres, el síndico municipal, Omar Flores Vázquez, y el director de Obras Públicas, Donato Gutiérrez Bravo. Esta resolución responde a la denuncia presentada por Manuel Rodrigo Torralba Hernández, un ciudadano que ha acusado al Ayuntamiento de apropiarse de una fracción de su terreno sin la debida autorización.
La controversia se originó en diciembre de 2021, cuando el Ayuntamiento, al realizar trabajos de adoquinamiento en la calle Hidalgo, invadió parte del predio de Torralba, que se localiza en el barrio La Asunción. El afectado, quien se encontraba fuera del país en ese momento, fue informado por su hermano de las acciones realizadas por el personal municipal, lo que lo llevó a interponer una denuncia formal en junio de 2023 ante la Fiscalía Especializada Contra Delitos Cometidos por Servidores Públicos de Puebla.
A través de un amparo presentado por Torralba, con el número de caso 206/2021, se logró que el tribunal resolviera, por unanimidad, que existían suficientes elementos para proceder contra los funcionarios involucrados. Gustavo Apáez Porragas, abogado de Torralba, destacó que la decisión judicial es un avance importante en la búsqueda de justicia, especialmente tras evidenciar una dilación por parte de la fiscalía en la integración del caso.
El peritaje realizado por la fiscalía determinó que la invasión del terreno afectó una superficie de 12.97 metros cuadrados, equivalentes a un monto económico de aproximadamente 28 mil 500 pesos, cantidad que ahora se reclama como parte del proceso judicial. Este escenario subraya la gravedad de las acusaciones, que implican no solo la falta de respeto a la propiedad privada, sino también el abuso de autoridad por parte de funcionarios públicos.
Desde la denuncia inicial, Torralba ha sostenido que las autoridades municipales actuaron de manera ilegal al no notificarlo previamente sobre el despojo. A pesar de sus esfuerzos por gestionar el retorno de su propiedad, incluyendo reuniones con el síndico que resultaron infructuosas, la respuesta del Ayuntamiento ha sido insatisfactoria. Según su relato, los funcionarios aseguraron en repetidas ocasiones que el terreno ya pertenecía al municipio, una afirmación que nunca fue respaldada con documentación formal.
El proceso ha generado una gran atención mediática y social, pues plantea serias interrogantes sobre la transparencia y la legalidad en la administración de obras públicas en la localidad. Hasta el momento, el Ayuntamiento no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las imputaciones ni se ha deslindado de las responsabilidades, lo que ha llevado a la comunidad a cuestionar la ética y la responsabilidad de sus autoridades.
La situación es un reflejo de un problema más amplio en México, donde la relación entre ciudadanos y autoridades municipales frecuentemente se ve afectada por abusos de poder y falta de comunicación. Este caso podría sentar un precedente importante en la lucha contra la corrupción y el abuso en la administración pública, además de proporcionar una vía para que los ciudadanos defiendan sus derechos frente a posibles abusos por parte de los servidores públicos.
