Abraham Onofre / Acatlán de Osorio, Pue.
En el municipio de Acatlán de Osorio, luego de una década, tres hombres han sido condenados a más de 40 años de cárcel tras el secuestro de un adolescente de 13 años ocurrido en enero de 2014. La Fiscalía General del Estado de Puebla ha confirmado que Jesús N., alias «El Garrote», José N. y Antonio N. fueron declarados culpables de privar de su libertad al menor, quien se dirigía a su escuela secundaria cuando fue abordado por los delincuentes.
El trágico suceso tuvo lugar el 29 de enero de 2014, cuando el joven fue engañado por Jesús N., quien, al ser expareja de la abuela del menor, le ofreció llevarlo en su taxi. Sin embargo, el viaje dio un giro aterrador cuando otros dos cómplices subieron al vehículo, amenazando al adolescente con un machete y un cuchillo. Los criminales llevaron al menor a una casa de seguridad donde comenzaron a exigir un rescate a su familia.
La angustiada familia del menor, conocedora de la situación, logró reunir la suma de 47 mil 500 pesos para cumplir con las demandas de los secuestradores. El dinero fue entregado en un punto acordado en las inmediaciones de San Vicente Boquerón. Sin embargo, a pesar de recibir el rescate, los secuestradores decidieron agredir aún más al joven, llevándolo a un cerro donde fue golpeado con un machete y apuñalado en varias partes del cuerpo.
Creyendo haber asesinado al adolescente, los delincuentes arrojaron su cuerpo a una barranca cercana. Contra todo pronóstico, el joven logró sobrevivir y, herido, caminó varias horas hasta llegar a su hogar, donde fue trasladado de inmediato a un hospital para recibir atención médica. Su valentía y resistencia derivaron en la denuncia que eventualmente llevó a la captura de sus secuestradores.
La justicia finalmente se hizo presente el pasado 30 de septiembre de 2024, cuando la Fiscalía de Puebla logró una nueva sentencia contra Jesús N., José N. y Antonio N., quienes fueron condenados a 43 años y siete meses de prisión. Además, se les impuso una multa de 443 mil 390 pesos, así como compensaciones por daño moral y material a la familia del menor, demostrando que el crimen y el sufrimiento de la víctima no quedarán impunes.
