Redacción / Estatal.
En el corazón de Puebla y Veracruz, pequeños agricultores y ejidatarios enfrentan un desafío monumental: la lucha por el acceso al agua. Este recurso vital se ha convertido en el centro de un conflicto que involucra a la transnacional Granjas Carroll, una empresa que ha sido acusada de acaparar agua y de amenazar a quienes se atreven a protestar en su contra. La situación ha escalado a tal punto que el gobierno de Puebla ha comenzado a criminalizar a los defensores del agua, generando un clima de miedo y represión.
Granjas Carroll, una empresa que produce anualmente 1.8 millones de cerdos, es parte de un conglomerado que incluye a Agroindustrias Unidas de México y la multinacional Smithfield, adquirida por el grupo chino WH Group en 2013. A pesar de su producción destinada mayormente al consumo local, su impacto en la comunidad ha sido devastador. Los agricultores locales, como Renato Romero, han denunciado que la empresa no solo acapara el agua, sino que también contamina los recursos hídricos de la región, poniendo en riesgo la agricultura y la salud de las comunidades.
El clima de represión se ha intensificado. Funcionarios de la Secretaría de Gobernación y de la Fiscalía de Puebla han comenzado a amedrentar a los líderes de organizaciones que apoyan el Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres-Oriental. Renato Romero, uno de los líderes del movimiento, ha sido demandado penalmente por Granjas Carroll tras realizar manifestaciones pacíficas para exigir la salida de la empresa. La situación se agrava con la reactivación de procesos penales que datan de hace una década, lo que ha llevado a los campesinos a solicitar una solución política y no judicial al conflicto.
Maurilio Galeote, líder del Movimiento de Pueblos Cholultecas, fue citado recientemente en el Centro de Justicia Penal de Puebla, donde se reactivó un proceso en su contra. Las organizaciones que conforman el Consejo Tiyat Tlali han exigido al gobierno estatal que detenga la criminalización de los defensores del agua, denunciando que las amenazas de encarcelamiento son tácticas para silenciar la protesta. El gobernador Salomón Céspedes Peregrina ha manifestado su apoyo a los campesinos, pidiendo que presenten denuncias sobre las amenazas recibidas.
A pesar de la represión, los campesinos continúan organizándose. Romero ha declarado que la única defensa que tienen es la denuncia pública y las movilizaciones. La unión de diferentes movimientos en defensa del agua está comenzando a gestarse, lo que podría representar un cambio significativo en la lucha por los derechos de los agricultores. Sin embargo, la amenaza de más procesos legales y la posibilidad de detenciones siguen pesando sobre ellos.
