Redacción / Puebla, Pue.
El día de hoy miércoles 26 de junio, mediante una diligente labor investigativa por parte de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), se dictó una sentencia ejemplar contra Freddy N., quien fue encontrado culpable de los delitos de violación equiparada tumultuaria y abuso de autoridad contra un masculino.
Los hechos que llevaron a este veredicto ocurrieron el 28 de junio de 2012, cuando la víctima se encontraba estacionado en su vehículo cerca de una gasolinera en Acuaco, municipio de Zaragoza. En ese momento, fue interceptado por policías estatales, incluido Freddy N., quienes lo despojaron de su vehículo y lo trasladaron a una base policial en Zacapoaxtla, donde fue agredido física y sexualmente.
Durante el proceso judicial, se demostró que Freddy N., solicitó una suma de 30 mil pesos como soborno para dejar en libertad al afectado, quien, al no poder pagar, fue brutalmente golpeado nuevamente. Este caso, que ha conmocionado a la opinión pública por la gravedad de los delitos cometidos por un agente del orden, finalmente ha encontrado justicia.
El 20 de agosto de 2022, Freddy N. fue arrestado gracias a una orden de aprehensión ejecutada por Agentes de Investigación. Desde entonces, ha permanecido bajo proceso judicial, culminando hoy con una sentencia de 25 años y 6 meses de prisión.
Además, se le ha destituido de manera definitiva de su cargo público, y deberá pagar una indemnización de 70 mil 800 pesos, así como 59 mil 80 pesos por reparación del daño moral.
Este fallo se suma a la sentencia previa del mes de septiembre de 2023, cuando Amando N., otro de los involucrados en estos lamentables hechos, fue condenado a 21 años y 6 meses de prisión. La comunidad y las autoridades confían en que estas sentencias contribuirán a restablecer la confianza en las instituciones, y a evitar que casos similares vuelvan a ocurrir en el estado de Puebla.
La FGE reiteró su compromiso con la justicia y la protección de los derechos de todas las personas, haciendo un llamado a la ciudadanía, para que denuncien cualquier acto que atente contra la integridad y la dignidad de las personas.
