Redacción / Información nacional.
Copala, Guerrero, se ha convertido una vez más en escenario de violencia política con el asesinato de Salvador Villalba Flores, alcalde electo por el partido México Avanza. Este trágico suceso ocurrió en la madrugada de este lunes 17 de junio, sobre la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, en la localidad de San Pedro las Playas.
Villalba Flores, quien también era un capitán de fragata de la Marina retirado, regresaba de la Ciudad de México cuando fue interceptado por hombres armados que lo obligaron a descender del autobús en el que viajaba. Sin piedad alguna, le arrebataron la vida en plena carretera. Aunque contaba con protección de la Guardia Nacional, esta no lo acompañaba en ese momento, argumentando que la vigilancia solo correspondía al estado de Guerrero.
La noticia del asesinato de Villalba Flores ha causado conmoción en la región, recordando trágicamente el asesinato del aspirante del Partido Verde en junio de 2023 y la huida de Candy Espinoza Ríos, candidata de la alianza Morena, PVEM y PT, debido a las amenazas recibidas.
Las fuerzas de seguridad y agentes de la Policía Investigadora Ministerial y de Servicios Periciales de la Fiscalía estatal se desplazaron rápidamente al lugar del crimen para iniciar las investigaciones correspondientes. Sin embargo, este triste episodio plantea interrogantes sobre la seguridad y la protección que los políticos reciben en Guerrero, especialmente en municipios como Copala, donde la violencia política parece ser una constante.
La figura de Villalba Flores, un exmilitar retirado, había ganado las elecciones para ocupar el cargo de alcalde de Copala. Su asesinato no solo es una tragedia personal, sino también un golpe para la democracia y la confianza de los ciudadanos en sus representantes políticos.
El panorama político en Copala sigue oscurecido por la violencia. La huida de Candy Espinoza Ríos, quien borró sus redes sociales, cambió su número telefónico y abandonó su vida en el municipio, muestra el temor y la vulnerabilidad que enfrentan los candidatos y sus familias en este contexto.
Las autoridades locales y estatales deben tomar medidas drásticas para garantizar la seguridad de los políticos y evitar más actos de violencia. La impunidad no puede ser tolerada, ya que esto solo perpetúa el ciclo de violencia y socava la confianza en el sistema político.
