-El empresario acusa al gobierno de persecución política tras perder juicios fiscales por 51 mil millones de pesos.

Redacción / Información internacional.

Ricardo Salinas Pliego elevó este martes su disputa con el gobierno federal a una instancia internacional al presentar una denuncia formal contra México ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alegando “persecución política” desde 2023. La acción se produce tras agotar todas las vías judiciales nacionales en una batalla fiscal que podría obligarlo a pagar hasta 51 mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La denuncia del magnate, presidente del Grupo Salinas, se centra en lo que describe como un “hostigamiento fiscal, judicial y administrativo” orquestado por el Estado mexicano con el objetivo de restringir su libertad de expresión y su participación en el debate público. En un comunicado difundido tras reunirse con el relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH en Washington, el conglomerado empresarial detalló una serie de agravios, entre ellos auditorías excesivas, campañas mediáticas en su contra y el uso político del aparato fiscal.

Salinas Pliego perdió en noviembre pasado varios juicios clave ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sentencias que consolidaron su responsabilidad tributaria por adeudos que, según Hacienda, datan desde 2007. Tras esas derrotas, el empresario advirtió que llevaría el caso a instancias internacionales, cumpliendo ahora su amenaza. En un video publicado tras su audiencia en la Organización de Estados Americanos (OEA), afirmó: “Salgo muy contento y con más convicción de que a mí no me van a doblar”, y calificó al gobierno actual como “el régimen del cártel de Morena”.

El monto definitivo de la deuda fue fijado por Hacienda semanas atrás, marcando el inicio inminente de la fase de ejecución del cobro. Aunque el SAT ha señalado que el pago voluntario podría reducir la cifra hasta en un 39%, Salinas Pliego ha optado por no acogerse a esa opción y en cambio intensificar su ofensiva mediática y legal. No obstante, expertos coinciden en que el impacto jurídico real de la denuncia ante la CIDH será limitado: el organismo puede tardar años en decidir si remite el caso a la Corte Interamericana, y aún en ese escenario, difícilmente revertiría las resoluciones fiscales ya firmes en México.

Mientras tanto, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha convertido el combate a los grandes evasores fiscales en una prioridad estratégica. Con programas sociales financiados sin reformas tributarias, la administración busca recuperar ingresos mediante el cierre de brechas legales históricamente explotadas por contribuyentes poderosos. Salinas Pliego se ha erigido como símbolo de ese sector: un actor económico con vasta influencia mediática —dueño de TV Azteca— y creciente peso político, que ha capitalizado el descontento opositor y mantenido una confrontación diaria con el Ejecutivo desde sus plataformas.

Su postura crítica lo ha posicionado como figura central en la oposición. Recientemente, el Partido Acción Nacional (PAN) le abrió las puertas para una posible candidatura, aunque él aún no ha confirmado su intención de competir electoralmente. La disputa, por tanto, trasciende lo fiscal: se ha convertido en un pulso simbólico entre el poder económico independiente y un proyecto gubernamental que se define por su lucha contra la impunidad de las élites.