-IBERO Puebla denuncia retrocesos en justicia y protección de derechos humanos.

Redacción / Información nacional.

En medio de una madrugada legislativa marcada por decisiones polémicas, el Congreso de la Unión aprobó en lo particular una reforma a la Ley de Amparo que ha generado alarma en círculos académicos y jurídicos. La Universidad Iberoamericana Puebla emitió un pronunciamiento crítico, advirtiendo que las modificaciones introducidas representan un retroceso significativo en la protección de los derechos humanos y en los mecanismos de control constitucional en México.

La Ley de Amparo, instrumento jurídico fundamental desde su primera versión en 1861 y modernizado en 2013, ha sido nuevamente alterada con cambios que, según expertos, limitan su alcance y eficacia. El Mtro. Simón Hernández León, coordinador de la Maestría en Derechos Humanos y de la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la IBERO Puebla, señaló que la reforma recién aprobada responde a una lógica de concentración de poder en el Ejecutivo federal, debilitando los contrapesos institucionales y reduciendo la autonomía del Poder Judicial.

Hernández León identificó dos elementos centrales de preocupación. En primer lugar, la exigencia de demostrar una “lesión jurídica real” y un “beneficio cierto” para acceder al juicio de amparo. Esta modificación, explicó, cierra la puerta a que colectivos, defensores de derechos humanos, periodistas o comunidades vulnerables puedan impugnar actos de autoridad que afecten sus intereses legítimos, incluso cuando no se trate de daños directos o inmediatos.

El segundo punto crítico es la introducción del concepto de “interés público” como criterio para conceder la suspensión provisional en un juicio de amparo. Según el académico, esta noción ha sido históricamente manipulada por gobiernos para justificar decisiones que, bajo el argumento de beneficio colectivo, terminan vulnerando derechos fundamentales. “El interés público no puede convertirse en una excusa para ignorar estándares internacionales o silenciar a quienes defienden el interés social”, advirtió.

Ante este panorama, la IBERO Puebla —en conjunto con la IBERO Ciudad de México— propone mantener la discrecionalidad judicial para valorar el interés legítimo y reforzar mecanismos como la tutela anticipada, que permiten una protección inmediata frente a violaciones de derechos. La universidad jesuita considera que estos instrumentos son esenciales para garantizar una justicia ágil, accesible y efectiva.

Además, el Mtro. Hernández León alertó sobre los riesgos de que las nuevas disposiciones se utilicen para blindar megaproyectos gubernamentales calificados como “estratégicos”, incluso cuando contradigan tratados internacionales o afecten gravemente a poblaciones locales. “Estamos frente a un diseño institucional que prioriza la gobernabilidad sobre la justicia”, señaló.

Como respuesta académica y técnica a estos cambios, la IBERO Puebla, junto con otras universidades del país, impulsa la creación de un Observatorio Judicial. Este espacio tendrá como objetivo monitorear, analizar y evaluar la calidad de las decisiones judiciales derivadas de la reforma, así como su impacto en la garantía de los derechos humanos. Los primeros resultados de este esfuerzo interinstitucional se darán a conocer en los próximos meses.

Mientras el debate jurídico y político sobre la reforma al amparo continúa, la comunidad académica insiste en que la protección de los derechos no debe ceder ante lógicas de eficiencia administrativa o conveniencia política. En un momento en que México enfrenta desafíos complejos en materia de justicia, equidad y Estado de derecho, la vigilancia ciudadana y el análisis riguroso serán claves para evitar que los avances constitucionales se diluyan en la práctica.