A seis meses de iniciado el nuevo gobierno federal, el país enfrenta dos grandes retos, además de las reacciones de una oposición que aún no asume su papel como factor de equilibrio del poder.

 

El primer gran reto es la violencia. A pesar de la voluntad del gobierno federal de enfrentar este problema con una estrategia integral que va más allá del uso de la fuerza, la inseguridad continúa y en muchos lugares se ha incrementado y diversificado.

 

Robos, asaltos a mano armada al transporte público, cobro de piso, extorsión, secuestro, asesinatos, son delitos crecientes, además del narcomenudeo y el robo de combustible, no disminuyen.

 

Cierto es, también, que este problema de inseguridad no nació el 1 de diciembre de 2018, viene desde sexenios anteriores y se agudizó con los dos gobiernos panistas, sobre todo en el de Felipe Calderón que decidió militarizar el combate al narcotráfico con un saldo escandaloso de muertes.

 

La pobreza agudizada en los últimos 30 años le dio al crimen organizado la oportunidad de reclutar a jóvenes y esa misma situación, más la falta de una educación que incluyera valores humanos, llevó al crecimiento de la delincuencia común, que hoy azota a muchos estados del país, incluyendo al estado de Puebla.

 

La creación de la Guardia Nacional, integrada por civiles y militares, constituye un gran paso en el combate a la inseguridad, lo mismo que la política social y laborar, así como los acuerdos con el sector empresarial que buscan atacar tres de las principales causas de la violencia: la pobreza, el desempleo y el reclutamiento de adolescentes y jóvenes por parte del crimen organizado.

 

El otro gran reto es la corrupción, una costumbre enraizada no solo en la clase política, sino en el ciudadano común, acostumbrado a saltar por encima de la ley y de las normas para lograr objetivos no siempre legales o acelerar procesos administrativos.

 

Los pasos dados por el gobierno federal van el en sentido de abatir la corrupción, el influyentismo y la impunidad, medidas que han llegado incluso a la renuncia de una secretaria de Estado.

 

Sin embargo, igual que en el caso del combate a la inseguridad, mientras no haya compromiso y acciones concretas por parte de los gobiernos estatales y, principalmente por los municipales, el camino todavía es largo y requiere del compromiso de la ciudadanía, un compromiso que se traduzca en acciones concretas que van desde la educación en familia de las nuevas generaciones, hasta el actuar de los funcionarios.

 

Oposición sin rumbo

 

Frente a estos dos problemas y a las medidas que ha asumido el gobierno federal en otros temas igual de importantes, como lo del aeropuerto de Santa Lucía, los acuerdos migratorios con el gobierno estadounidense, la política social y otros más, la oposición ha reaccionado con acciones que muestran que ésta ha perdido el rumbo. No hay propuestas, no hay crítica constructiva; solo hay palos de ciego, muchos de ellos contradictorios.

 

El ejemplo más patético es el de Vicente Fox, un expresidente que durante su gobierno tomó las decisiones más absurdas y hoy, valiéndose de las redes sociales ataca sin ton ni son al titular del Poder Ejecutivo, acusándolo de los mismos errores que él cometió durante los seis años que desgobernó al país.

 

No se diga de otros políticos y militantes de los partidos políticos hoy de oposición, incapaces de proponer soluciones alternas a los problemas del país. Criticar ahora lo que en su momento aplaudieron, es la constante.

 

Sorpresas del gobernador electo

 

Miguel Barbosa Huerta ha iniciado la designación de su gabinete. Dos nombramientos han causado sorpresa.

 

El segundo es la designación del doctor en Educación Melitón Lozano Pérez, actual presidente municipal de Izúcar, como Secretario de Educación. La experiencia académica y administrativa del doctor Lozano es garantía en uno de los aspectos más importantes para la formación de las nuevas generaciones y para las relaciones con los profesores del sector estatal.