** El rector, sujeto a procedimiento sancionatorio por malos manejos **
La UTIM, en manos de directivos con negros antecedentes.
** Nombró un abogado general que fue inhabilitado para desempeñar cargos públicos**
Redacción / Izúcar de Matamoros
A pesar de estar sujeto a un procedimiento sancionatorio por irregularidades en el manejo de los recursos públicos durante su gestión como rector del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco (ITSA), Miguel Choy López ya ha cumplido los primeros cinco meses al frente de la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros (UTIM).
En ese breve periodo ya acumula numerosos señalamientos por despidos injustificados y por la ocupación indiscriminada de plazas administrativas y académicas con personal de nuevo ingreso que no cubre el perfil requerido, todo esto para cumplir sus compromisos políticos o de otra índole.
También se le ha cuestionado por no reinstalar en sus puestos a los trabajadores de la universidad que fueron despedidos durante el rectorado de la panista Myriam Galindo Petriz, la mayoría militantes de Morena, entre quienes se encuentra el secretario general del sindicato de la UTIM y actual regidor de Gobernación en el Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, que preside el morenista Melitón Lozano Pérez, Sergio Valero Orea.
Sin embargo, una de sus decisiones más severamente cuestionadas fue la designación del veracruzano, Ezequiel Alvarado Herrera, como abogado general de la máxima casa de estudios de la región, a pesar de que en el año 2017 este personaje fue inhabilitado por la Contraloría del Estado de Puebla para desempeñar cargos o comisiones en el sector público, por un periodo de seis años.
La llegada de Miguel Choy López a la rectoría de la UTIM se inscribe en el contexto de la oleada de cambios que se registraron en prácticamente toda la estructura gubernamental, al ser designado Guillermo Pacheco Pulido como gobernador interino, casi un mes después del accidente que costó la vida a Martha Érika Alonso Hidalgo.
Como resultado de estos cambios, en Izúcar de Matamoros los delegados de las dependencias e instituciones del Gobierno del Estado fueron reemplazados por personajes afines a la nueva administración, casi todos priistas, muchos de ellos reciclados, otros sin el perfil ni la experiencia necesaria, e incluso algunos con antecedentes nada envidiables.
Este es el caso de Miguel Choy López, un personaje precedido de negros antecedentes a su paso por la dirección del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, pero rescatado gracias a su cercanía con el secretario de Finanzas del Gobierno del Estado y exdirigente estatal del PRI, Jorge Estefan Chidiac.
El procedimiento sancionatorio contra Choy López
Durante su gestión como director del ITSA, Choy López fue acusado de diversas irregularidades, entre las que destacan el uso de recursos públicos para pagar combustibles y servicios de mantenimientos de vehículos ajenos a la institución, y sin presentar la documentación comprobatoria; el pago de incrementos salariales sin la aprobación de las autoridades superiores y la contratación de personal administrativo con recursos etiquetados para contratar docentes.
Asimismo, se le señaló por destinar fuertes cantidades de dinero a “gastos a comprobar”, servicios de alimentación y “gastos de orden social”, con los cuales presuntamente habría pagado las frecuentes comidas y parrandas que organizaba para “socializar” con sus colaboradores cercanos y sus “protectores”.
En los casi cinco años que estuvo al frente del ITSA, Choy López gozó de la protección de los entonces secretarios de Educación Pública, Darío Carmona García y Luis Maldonado Venegas.
Sin embargo, a principios de 2012, durante la administración de Rafal Moreno Valle, tuvo que dejar el cargo al exdiputado federal panista José Guillermo Velázquez Gutiérrez, por lo que meses después se refugió en la delegación estatal de la Sagarpa, donde ocupó el cargo de coordinador estatal de Capacitación Productiva hasta el año 2016.
Ya sin el cobijo de sus antiguos protectores, la Auditoría Superior del Estado abrió una investigación e inició un Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades (IPADR) contra el actual rector de la UTIM, por las irregularidades detectadas en su Cuenta Pública 2012, correspondientes a sus últimos días como director de ITSA.
Dicha información se puede consultar en la página web de la Auditoría Superior del Estado de Puebla: http://www.auditoriapuebla.gob.mx/sujetos-de-revision-2/cuentas-publicas/entidades-paraestatales/item/instituto-tecnologico-superior-de-atlixco
El escándalo de las fotos
Por si esto no bastara, el 22 de mayo de 2013 el ITSA se vio envuelto en un escándalo al publicarse en el perfil de Facebook denominado “Ocho Ocho” varias fotografías en las que se observaba a un profesor y a dos alumnos de la institución bañándose desnudos en la misma regadera.
El revuelo que causó esta publicación fue tal que el secretario de Educación, Jorge Alberto Lozoya Legorreta, pidió a la Junta de Gobierno que en un término de 72 horas efectuara las investigaciones necesarias. Como resultado de las indagatorias, cinco días después fue cesado el profesor involucrado en estos hechos.
Sin embargo, el entonces director del Tecnológico, José Guillermo Velázquez Gutiérrez, aclaró que las fotografías del escándalo habían sido tomadas dos años antes, durante un viaje a las bahías de Huatulco, en el estado de Oaxaca, cuando el director de ITSA era Miguel Choy López.
El retorno del inhabilitado
Al asumir la rectoría de la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros, Choy López designó a Ezequiel Alvarado Herrera como abogado general de la institución, convirtiéndolo en su brazo operador, a pesar de que había sido inhabilitado por seis años para desempeñar cargos o comisiones en el servicio público.
Alvarado Herrera, quien es originario de Xalapa, Veracruz, pero fue registrado en Acatlán de Osorio, Puebla, es hijo del sempiterno líder de la FROC-CROC en Acatlán, Ezequiel Alvarado Castillo, quien militó en el PRI hasta que decidió apoyar a Rafael Moreno Valle en su carrera hacia la gubernatura del estado de Puebla.
Después de cursar la Licenciatura en Derecho en la Universidad de Xalapa, en su estado natal, Alvarado Herrera ocupó diversos cargos públicos en el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE), en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la Secretaria de Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM) y en la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, entre otras dependencias, gracias a la influencia que su padre ejercía en los gobiernos priistas de esa época.
En el periodo 2011-2014 solicitó a la LVII Legislatura del Estado que le concediera la calidad de poblano, lo que le permitió en el año 2018 figurar en quinto lugar en la planilla de candidatos a concejales del municipio de Acatlán de Osorio, que era encabezada por Gerardo Cajica Gómez y postulada por el PRD, el PAN y Movimiento Ciudadano.
Su aventura electoral fue fallida, pues la planilla de la que formaba parte fue derrotada por la que encabezaba la candidata de Morena, María del Carmen Nava Martínez.
Las “licitaciones” y subastas de vehículos.
Para el actual abogado general, el territorio de la UTIM no era desconocido, pues entre 2015 y 2016 fungió como secretario de Administración y Finanzas de esa universidad, durante la gestión del también veracruzano, encargado de despacho de la rectoría, Servio Tulio Vázquez Ajactle.
Por cierto, fuentes cercanas a la UTIM aseguran que fue Ezequiel Alvarado quien trajo a la UTIM tanto a Vázquez Ajactle como a otro paisano suyo, Juan Ramón Eroza Pineda, quien también fue encargado de despacho de la rectoría en el año 2015, aunque sólo duró seis meses en el cargo.
En su gestión como secretario de Administración y Finanzas, Alvarado Herrera se vio involucrado, junto con Servio Tulio, en diversas irregularidades en el manejo de los recursos de la universidad, entre las que destacan la presunta simulación de licitaciones para asignar obras a una empresa veracruzana, una guerrerense y una de procedencia desconocida, y por realizar pagos por conceptos no ejecutados.
Asimismo, por “subastar” dos vehículos de la universidad en precios irrisorios: diez mil pesos una camioneta Chevrolet y seis mil pesos un automóvil Neón.
En el caso de las obras, asignaron la restauración del campo de béisbol, con una inversión de 1.4 millones de pesos, a la Constructora “Carlos Aburto Bárcenas”, “casualmente” de Xalapa, Veracruz, y también “casualmente” propiedad de un amigo de Vázquez Ajactle, pero cuyo domicilio fiscal correspondía a una miscelánea.
Otra empresa contratada durante la gestión de Servio Tulio y Ezequiel Alvarado fue “Inmobiliaria y Desarrollo Estratégico”, a la que se pagaron 1.2 millones de pesos, casi el doble de los 629 mil pesos presupuestados para la ejecución de una obra, cuya ubicación no se detalla.
Por lo que respecta a la mencionada empresa, no se encontró ningún domicilio correspondiente a dicha razón social.
En relación con estas obras, correspondientes a la rehabilitación de los Edificios Académicos I y II, la Biblioteca, la Unidad Académica de Tulcingo de Valle y el Campo de Béisbol, además de pagar anticipos sin que estuviesen adjudicadas y contratadas, dejaron un adeudo de casi un millón de pesos con dos contratistas, a pesar de que los recursos ya estaban etiquetados y en disponibilidad.
Por éstas y otras irregularidades, entre ellas el robo de cuatro máquinas pesadas que fueron sustraídas de los talleres, las denuncias correspondientes se presentaron en la Contraloría del Estado de Puebla.
Después de realizar las investigaciones correspondientes derivadas del Expediente Administrativo número 21/2016, el 6 de enero de 2017 la Contraloría impuso a Ezequiel Alvarado una sanción administrativa consistente en inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, por el plazo de seis años.
Aunque Alvarado Herrera interpuso un recurso de revocación, dicha sanción fue ratificada, al considerarse que las irregularidades financieras y administrativas que la motivaron estaban plenamente comprobadas.
Conflicto de intereses
Como último recurso legal para intentar librarse de la sanción, Alvarado Herrera llevó su caso al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; pero al fungir actualmente como abogado general, tiene la obligación de dar seguimiento a la denuncia en su contra.
Esto, a todas luces, implica un conflicto de intereses, porque como abogado general debe velar por los intereses de la universidad, pero como exfuncionario sancionado intentará echar abajo la sanción, lo que lo coloca en el absurdo de tener que litigar contra sí mismo.
De esta situación verdaderamente kafkiana parece no darse cuenta el rector Miguel Choy López, quien aparentemente está dispuesto a proteger a toda costa a Ezequiel Alvarado, quizás porque todo indica que cojean del mismo pie.
Y parece que, al menos hasta hoy, tampoco se han dado cuenta los consejeros de la UTIM, a quienes de entrada ya “les metieron gol” en la sesión del Consejo Directivo efectuada en el mes de marzo, cuando aprobaron el nombramiento de Ezequiel Alvarado Herrera como abogado general.
Ante esta situación, el futuro inmediato de la UTIM es verdaderamente negro, pues se encuentra en manos de directivos –entre ellos el rector- con antecedentes de desvío de recursos, y de un abogado general atrapado en un enorme conflicto de intereses.
Hoy la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros sufre una vez más las consecuencias de las decisiones políticas en la designación de rectores y directivos, que en algunos casos no tienen ni la más remota idea de cómo dirigir una institución de educación superior, y en otros la ven sólo como un millonario botín.
La única esperanza parece ser que los consejeros se den cuenta de la situación que vive la universidad y tomen las decisiones necesarias para salvarla.
Ojalá sea así, por el bien de la UTIM.