Hipólito Contreras

Puebla, Pue.

La ONG Comisión Ciudadana por la Democracia  y los Derechos Humanos pide que  el caso de violación de derechos humanos ocurrido el  3 de mayo del  2017 en Palmarito Tochapan, municipio de Quecholac, en donde se detuvo ilegalmente a 10 personas y la ejecución de dos personas, se realicen las investigaciones ministeriales y se repare el daño a las víctimas.

En conferencia de prensa Mónica Roldán Reyes,  dirigente de la CCDDH,  informó que la recomendación de la CNDH es la  12 BG 2018 sobre las investigaciones de violación graves a los derechos  humanos por la ejecución arbitraria, el trato cruel cometido en agravio a 10 personas, incluidos dos menores de edad, la detención ilegal de nueve adultos, cuatro  menores de edad, la indebida procuración de justicia por  la irregular de diversas indagatoria y  la  no prevención del lugar de los hechos ocurridos el día  3 de  mayo de  2017 en Palmarito Tochapan, municipios de  Quecholac, Puebla.

Las autoridades a las que están dándoles las recomendaciones y que se encontraban involucradas, General  Salvador Cienfuegos  Zepeda, Secretario de  la Defensa Nacional, Alberto Elías  Beltrán,  Subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la PGR, Carlos  Alberto Treviño Medina, Director General de  Pemex, el   Gobernado de Puebla, Víctor Carranca, Fiscal  General, magistrado Héctor Sánchez Sánchez, Presidente del Tribunal  Superior de Justicia, quejosos, comunidad de Palmarito Tochapan.

Se acusa de violación de los derechos de libertad Personal y a la presunción de inocencia derivado de las detenciones arbitrarias, violación de derechos a la verdad, derivados de las imprecisiones de los informes proporcionados al organismo  nacional de derechos humanos, violación de derechos a la vida por uso excesivo de  la  fuerza que derivó en la ejecución arbitraria de  dos personas, violación a los derechos de la integridad personal, legalidad y seguridad  jurídica por el trato cruel, inhumano y denigrante derivado de las lesiones innecesarias para sus sujeción o sometido a la detención por servidores  públicos del ejército mexicano y de la  Secretaría de  Seguridad Pública.

Entre  otras recomendaciones, al  Secretario de  la Defensa  Nacional y gobernador de Puebla, en coordinación con la comisión ejecutiva de atención a víctimas, se brinde a los detenidos atención integral y la reparación del daño, en un plazo no mayor de  30 días las víctimas sean inscritas en el Registro Nacional de Víctimas para que tengan acceso al fondo de ayuda.

Atención médica y psicológica a  víctimas, colaboren las investigaciones ministeriales en  los procedimientos administrativos que se inicien en la PGR  y la Fiscalía General del Estado.

]]>