Redacción / Ciudad de México.

Elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) y del Grupo Táctico Operativo Hércules Matamoros detuvieron de manera arbitraria a cuatro personas (un mexicano y tres estadunidenses), las desaparecieron forzadamente y los ejecutaron de manera extraoficial en Matamoros, Tamaulipas, en octubre de 2014.

Por ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación al titular de la Semar, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz; al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; al Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, y al presidente municipal de Matamoros, Jesús de la Garza Díaz del Guante.

El organismo nacional acreditó que el 13 de octubre de 2014 dos hermanos de nacionalidad estadunidense salieron del domicilio de su padre, ubicado en el poblado Control, municipio de Matamoros, Tamaulipas, para reunirse con su hermana, quien se encontraba en compañía de un mexicano a inmediaciones del Puente Internacional Libre Comercio Lucio Blanco, conocido como “Puente Internacional Los Indios”, ya que luego se dirigirían al domicilio de los mismos, situado en Progreso, Texas, Estados Unidos.

Sin embargo, debajo del Puente, estas cuatro personas fueron privadas arbitrariamente de su libertad por servidores públicos de la Primera Zona Naval de la Semar y policías del denominado Grupo Hércules (conformado a instancias de la alcaldesa municipal en funciones en la época de los hechos), quienes además incautaron tres vehículos propiedad de los detenidos.

La CNDH constató que la detención de las víctimas fue ilegal y arbitraria, en razón de que no existió orden de aprehensión en su contra, caso de urgencia o flagrancia que legitimara a los servidores públicos llevarla a cabo. También acreditó que todas las corporaciones de seguridad que operaban en la región negaron su participación en los hechos y reiteraron desconocer el paradero de las víctimas, siendo que no se logró localizar ni conocer su ubicación, sino hasta el 29 de octubre del mismo año, cuando fueron encontrados los cuerpos sin vida de quienes resultaron ser los cuatro desaparecidos, presentando “traumatismo craneoencefálico con fractura de cráneo producido por proyectil de arma de fuego”.

“La detención arbitraria de las víctimas, perpetrada por servidores públicos y la negativa de las autoridades que se haya llevado a cabo la detención, configuran los elementos del hecho violatorio de la desaparición forzada de las cuatro personas.

De igual manera, las características, objetos y forma en que fueron encontrados los cuerpos de las víctimas, resulta de gran importancia para concluir que la última vez que se les vio con vida, fue en el momento en que fueron privados de la libertad, lo que indiciariamente hace a los servidores públicos responsables de su desaparición”, subrayó el organismo.

 

 

Información del diario La Jornada

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