Al filo de las 3 de la madrugada del pasado viernes, el Senado de la República aprobó la Ley de Seguridad Interior con 76 votos a favor, 44 en contra y 3 abstenciones.

El mismo viernes, la Cámara de Diputados aprobó la ley con las modificaciones realizadas por los senadores y la envió al Poder Ejecutivo federal para que sea promulgada.

Una vez aprobada, el Senado inició una campaña de convencimiento a través de tres folletos en los cuales el Senado afirma que las fuerzas armadas intervendrán cuando exista una “amenaza específica que ponga en riesgo al país”; la declaratoria de amenaza está a cargo del Presidente de la República, pero también de los gobernadores y los congresos locales y en ella se detallará la amenaza (uno de los folletos habla de amenaza latente) y los hechos.

Esta ley, desde su análisis primero en la Cámara de Diputados y durante su discusión en el Senado provocó varias reacciones en contra, tanto de organizaciones nacionales defensoras de derechos humanos y movimientos contra la desaparición de personas, como de organizaciones internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Desde el miércoles fue permanente la presencia de ciudadanos frente a la sede del Senado exigiendo frenar la aprobación de la ley. Todo se ignoró y sólo se espera la promulgación de la misma por parte de Enrique Peña Nieto para que entre en vigor. Se prevé que continúen las reacciones en contra que pueden llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Todo esto, pone en evidencia que la Ley de Seguridad Interior no resolverá, por sí misma, la situación de inseguridad que vive el país y que se ha agudizado durante este sexenio.

Como lo ha advertido el Observatorio Nacional Ciudadano en su informe sobre la incidencia de los delitos de alto impacto en México, referente al 2016, “el actual comportamiento de los delitos de alto impacto, la evolución del ejercicio de violencia y la respuesta de nuestras autoridades es que no se han llevado a cabo las acciones necesarias para la adecuada y eficaz administración de la justicia”.

Y destaca que esta situación muestra “que no se ha optado por la adecuada capacitación y fortalecimiento de los agentes del ministerio público, peritos y policías como se planteó desde 2008”; señala que no se ha aceptado que “las fallas no son del sistema sino de los propios funcionarios”.

Es claro, si la violencia y la inseguridad han crecido y los grupos de la delincuencia organizada se han fortalecido, es porque las estrategias, desde 2007 a la fecha, se han olvidado de un objetivo clave: fortalecer las estructuras policiales tanto estatales como municipales, así como erradicar la incapacidad y, sobre todo, la corrupción en las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia.

La delincuencia ha crecido por la incapacidad de los responsables de los tres niveles de gobierno: federal estatal y municipal, para enfrentar a la delincuencia; pero también porque las políticas económicas y sociales se han olvidado de enfrentar las causas que llevan a muchos individuos a delinquir: la pobreza, el desempleo y la falta de acceso a la educación.

En las Mixtecas poblana, guerrerense y oaxaqueña, la política migratoria de Donald Trump ha provocado que los jóvenes piensen menos en emigrar al norte y vean a la delincuencia como el camino para obtener prestigio y dinero.

No es solo la aprobación de una ley la que han puesto a México en el camino de la militarización, son también los gobiernos estatales y municipales que no han hecho su tarea.

Valora este artículo
(0 votos)

Deja un comentario

Contador de Visitas

 

contador de visitas para blog

Volver