La semana pasada, presuntamente para aportar a la paz y la seguridad en el país, se envió al Senado de la República la minuta de la Ley de Seguridad Interior aprobada por la Cámara de Diputados. De acuerdo con los  considerados de la ley, con ésta se busca normar la acción de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia.

Es claro que la violencia se ha desatado en el país y alcanzado cifras escandalosas en cuanto asesinatos, secuestros, narcotráfico, robo de combustible, feminicidios, etcétera.

Sin embargo, la Ley de Seguridad Interior debe ser cuidadosamente analizada no solo por los senadores de la república, sino por especialistas en materia jurídica, constitucionalistas y defensores de los derechos humanos, para evitar que la ley en discusión no resulte contraproducente ni sea impugnada por anticonstitucional.

Asimismo, habrá que recordar que la acción de las tropas federales más allá de su misión de la defensa de la soberanía nacional y el auxilio a la población en riesgo, ha sido orientada, por voluntad del presidente de la república en turno, para enfrentar manifestaciones de descontento de algún sector de la población.

Habrá que recordar la acción del ejército en 1968 en la ciudad de México, principalmente la matanza del 2 de octubre, así como el “Jueves de Corpus” y la guerra sucia en Guerrero.

De ahí la necesidad de una discusión seria de la Ley de Seguridad Interior, de modo que no sea considerada la solución única para la paz de México y sea realmente un instrumento para enfrentar la delincuencia que se ha apoderado de vastas regiones del país.

Entre las regiones que hoy sufren el embate de la delincuencia está el sur de estado de Puebla. Poblaciones otrora pacíficas y seguras como Izúcar de Matamoros, Chietla, Chiautla de Tapia, hoy sufren día a día los embates de la delincuencia que ha sentado sus reales, a tal grado que no hay semana en que no aparezcan los cadáveres de hombres o mujeres arrojados en las inmediaciones de las poblaciones de la Mixteca poblana.

No hay, tampoco, día en que no haya alguna persona asaltada en las calles de estas ciudades o delincuentes que entren a robar a alguna vivienda.

Entre estos actos delictivos hay que destacar el que sufrió el viernes pasado el coordinador del periódico Enlace de la Mixteca, Miguel Hoyos Bravo,cuya vivienda fue allanada por un grupo de hombres armados que lo golpearon, trataron de violar a su esposa y sustrajeron joyas y dinero en efectivo, además de amenazarlo con armas de fuego, maniatarlo y golpearlo.

Es de esperarse que este atentado contra el coordinador de este medio y su familia y trabajadores no esté ligado a la tarea informativa que él coordina; desde luego que serán las autoridades las que investiguen el caso y den tanto con los que ejecutaron estos actos delictivos como con los autores intelectuales del hecho.

Sin duda, tanto el atentado contra el coordinador de Enlace de la Mixteca, como los cientos de delitos que se han cometido en contra de personas inocentes o de cobro de cuentas entre delincuentes, hablan de un ambiente de inseguridad que ha crecido de manera alarmante en los últimos años.

Esto muestra la poca capacidad de las autoridades para frenar esta ola delincuencial, sea por inexperiencia, por temor a las bandas, por falta de recursos. Sería muy grave que las instancias encargadas del orden y la procuración e impartición de justicia estuviesen coludidas con delincuentes. La verdad, no lo creemos.

Pero es precisamente este crecimiento de la delincuencia en estados y municipios lo que ha impulsado al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión en discutir y, en su caso aprobar, una Ley de Seguridad Interior que militarizaría el país y no llegaría a resolver de fondo el problema de la inseguridad.

El camino es muy claro: que tanto las autoridades municipales como las estatales, con el apoyo de la policía federal hagan bien su trabajo y que tanto las instituciones encargadas de procurar justicia como las que deben impartirla, hagan bien su trabajo. Si esto sucede, no habrá necesidad de militarizar el país.

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